Ley que penaliza tenencia de celulares en cárceles fue aprobada por el Congreso
La nueva normativa también tipifica como delito la tenencia de otros aparatos electrónicos y chips para evitar estafas o extorsiones realizadas desde el interior de recintos penitenciarios.
La sala del Senado aprobó ley que penaliza la tenencia de celulares en cárceles, por lo que queda lista para su promulgación, lo que permitirá avanzar en la agenda de seguridad que ha priorizado el Gobierno para combatir el crimen organizado en los recintos penitenciarios.
La ley que tipifica como delito la tenencia de celulares en establecimientos carcelarios también incluye chips, intercomunicadores y otros aparatos de telecomunicaciones.
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La aprobación de este proyecto de ley se da en el contexto del desarrollo de una licitación que tiene por propósito imponer en 14 penales mecanismos de inhibición tecnológica para la comunicación externa, facilitando de esta forma medios de telefonía fija al interior de los establecimientos.
¿En qué consiste la ley que penaliza la tenencia de celulares en cárceles?
La nueva ley que tipifica como delito la tenencia de celulares en cárceles es una herramienta fundamental para impedir las comunicaciones inalámbricas no autorizadas, como telefonía, datos móviles o WiFi, para evitar la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles.
“La tenencia de celulares al interior de recintos penales es una irregularidad que hasta ahora estaba sancionada como falta, y ahora pasa a ser delito”, Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Características de la ley que tipifica tenencia de celulares en recintos penitenciarios
La ley que penaliza la tenencia de celulares en cárceles establece los siguientes puntos:
- Prohibición de tenencia de aparatos electrónicos no autorizados al interior de los centros penitenciarios.
- Penalización del delito de tenencia de aparatos electrónicos en recintos penitenciarios que hasta ahora solo era considerada una falta administrativa.
- Obligación de la denuncia en caso de que los funcionarios públicos detecten la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en las cárceles, deben realizar la denuncia, arriesgando penas de presidio e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, del cargo u oficio.