La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual Grau, junto al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, inauguró el “Taller regional de formación sobre género y seguridad y la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, organizado por el Gobierno de Chile, CEPAL, y UNFPA, que se lleva a cabo entre hoy y el viernes, en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz.
En el acto inaugural participó también el subsecretario (s) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alfredo Labbé, la subdirectora del Sernam, Gloria Maira Vargas, la representante de la Cepal, Pamela Villalobos, y Mariela Cortés de UNFPA, además de representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.
Este taller, dirigido a funcionarias y funcionarios del Estado, personal militar y civil de mantenimiento de paz, profesionales y académicos; y sociedad civil, se enmarca en la promoción de un mayor conocimiento en América Latina y el Caribe acerca de la Resolución 1325 del año 2000 y de las resoluciones posteriores sobre Mujer, Paz y Seguridad, de modo de contribuir a incorporar la equidad de género en la paz y la seguridad.
En su intervención, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, se refirió a los desafíos que implica como país la implementación y seguimiento de esta Resolución y los esfuerzos que Chile ha hecho en ese sentido, como la elaboración del Segundo Plan de Acción para su aplicación, que fue dado a conocer en marzo pasado y que abre nuevas oportunidades para avanzar en una cultura de equidad.
“Este segundo plan da cuenta del compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet con la paz y la seguridad de las mujeres, como quedó evidenciado con nuestro primer Plan Nacional de 2009, que fue pionero en la región”, dijo la secretaria de Estado.
Agregó que “nuestro Plan Nacional de Acción apunta a hacer realidad los derechos fundamentales de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post conflicto, velando por su seguridad e integridad, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.
Asimismo, la titular del Sernam señaló que “la resolución 1325 y las siguientes, que reconocen la violencia sexual como crimen de guerra y la persiguen y que, además, promueven la participación de las mujeres en las instancias de deliberación para la resolución de conflictos, están apuntando a un profundo cambio cultural que instala a las mujeres como sujetas de derechos”.
Afirmó que “el primer derecho que debe ser reconocido y respetado es el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias, un derecho que, desgraciadamente, no es respetado en ninguna sociedad”.
La ministra Pascual destacó que otro de los desafíos que debemos asumir como país es la formación permanente de Las Fuerzas Armadas, en la formación de las y los futuros encargados de las relaciones exteriores y de distintas instituciones del Estado relacionadas en materia de equidad de género. También dijo que otro de las desafíos que se ha asumido fuertemente desde el gobierno a través de su Agenda de Género para avanzar en el cambio cultural hacia una sociedad más justa, “es la promoción de más mujeres en áreas que hasta ahora les han sido restringidas como en las Fuerzas Armadas, la política exterior, la academia, las instancias de decisión económica, entre otras”.
En el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 (2000), lo que marca un hito en materia de derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad al constituir el primer documento del Consejo de Seguridad, que exige a las partes en conflicto, que los derechos de las mujeres sean respetados destacando el impacto diferenciado y desproporcionado que la guerra y el conflicto armado tiene sobre las mujeres.
Esta resolución hace un llamado a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de decisión en la prevención y resolución de conflictos y en los procesos de consolidación de la paz; a proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante y tras los conflictos, aplicando plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario y del relativo a los derechos humanos; a incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz y a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia sexual y la violencia de género.