Ministro de Justicia y sus próximos desafíos: Desnotarización de trámites, reforzar competencias de Gendarmería y nueva infraestructura

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, asumió el 11 de enero de 2023, y en este corto tiempo ya ha tenido la posibilidad de impulsar importantes cambios para su cartera. Es así como ya puso en marcha el Servicio de Reinserción Social Juvenil, además de liderar el proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería, y la iniciativa que desnotariza numerosos trámites.

Junto con lo anterior, el ministro explica que de la mano del ministerio han desarrollado un plan de infraestructura que incluye la construcción del nuevo edificio nacional del Servicio Médico Legal, además de la finalización de la construcción de la Cárcel La Laguna, en Talca, que es la obra penitenciaria más grande de Sudamérica.

- ¿Qué balance hace de su gestión a la fecha y cuáles son los grandes desafíos para el 2023?

Nuestra labor ha sido intensa y desafiante desde el primer día, partiendo por la tramitación de un conjunto de cuerpos legales muy relevantes:

Estamos abordando un proyecto de ley -hoy en primer trámite en la Cámara- que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile en la lucha contra la criminalidad organizada, desrigidizando la intervención de la institución como auxiliar de la investigación penal y permitiendo aportar cuando las bandas criminales interrelacionan de alguna manera con el exterior de las cárceles para seguir cometiendo delitos.

Ello lo hacemos en paralelo con un conjunto de medidas, que incluyen la suscripción de un convenio con el Ministerio Público y Gendarmería de Chile que permite optimizar el intercambio de información para mejorar la persecución penal de bandas de crimen organizado. Por otro lado, también se está ejecutando un proyecto piloto con la Subsecretaría del Interior y el Ministerio Público que ha permitido la designación de un fiscal preferente para diez focos delictuales identificados en establecimientos penitenciarios a lo largo del país.

Otro aspecto relevante ha sido la compra de materiales de seguridad para Gendarmería y la realización de arreglos en los establecimientos penitenciarios a través de reasignaciones presupuestarias.

Además, concretamos periódicamente operativos, que en los últimos seis meses de 2022 permitieron incautar 5.291 armas blancas, además de 17 kilos de sustancias ilícitas y 2.781 teléfonos celulares.

Estamos impulsando la desnotarización de numerosas gestiones. Para esto hemos reactivado el proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Se trata de disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un notario, a través de la eliminación, en diversos cuerpos legales, del requisito de escritura pública o de autorizar firmas ante notario en casos en que se ha estimado que ello no resulta indispensable para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias.

Esta iniciativa se vincula directamente con el mejoramiento del acceso a la justicia y con la Agenda de Productividad, por la vía de facilitar las gestiones de los emprendedores.

Está bastante avanzada la tramitación del proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

En lo sustantivo, el proyecto realiza dos grandes avances: En primer lugar, establece la categoría de “delito económico” y, luego, crea o actualiza la regulación de los delitos en este ámbito.

Estamos participando activamente también en la tramitación del proyecto que establece medidas contra la discriminación. La iniciativa está orientada a fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación arbitraria que consagra la ley.

Hemos presentado indicaciones en lo relativo al perfeccionamiento de la acción judicial antidiscriminación; y, por otra parte, hemos trabajado una propuesta para responder a la demanda dada en la discusión parlamentaria con respecto a contar con una institucionalidad adecuada para darle cumplimiento a los fines de la ley.

Este trabajo se ha dado en coordinación con agrupaciones de la sociedad civil que abogan contra la discriminación, con especial foco hacia los grupos históricamente violentados: LGBTIQA+, discapacitados, religiosos, entre otros.

- En cuanto a proyectos de infraestructura, ¿en qué se está trabajando?

Tenemos un conjunto de proyectos de infraestructura en desarrollo, los que han sufrido algunas dificultades producto de la pandemia. Sin perjuicio de ello hay dos obras gigantescas que tienen avances importantes: una de ellas es el nuevo edificio nacional del Servicio Médico Legal -ubicado los alrededores del Centro de Justicia-, que está en plena construcción. El Médico Legal es un organismo vital para la Justicia Penal y, como todos sabemos, se vincula con el conjunto de la sociedad a raíz de las pericias para identificar personas fallecidas y las razones de su fin.

Por otro lado, en Talca, está terminada la construcción de la Cárcel La Laguna, que es la obra penitenciaria más grande de Sudamérica. Sobre 63 mil metros cuadrados, para la atención de más de 2 mil 300 personas, enfocadas en el trabajo y la reinserción social.

- ¿Cómo califica las actuales relaciones con el Poder Judicial?

Una de nuestras tareas esenciales es la relación con el Poder Judicial. Debo decir que nuestros vínculos son óptimos. Mantendremos un diálogo constante, puesto que hay diversos temas que tendremos que abordar en conjunto. Ya lo estamos haciendo en la Comisión Permanente del Sistema Justicia Penal.

Hay, asimismo, un conjunto de nombramientos en proceso, incluyendo los correspondientes a vacantes que se abrirán durante el año en la Corte Suprema.

Y tenemos que estar atentos a la reforma al Poder Judicial que seguramente surgirá en el debate de la nueva Constitución. Todo indica que este será el cambio más trascendental que se propondrá al país y que está vinculado con los alcances de la labor judicial y el sistema de nombramientos. La implementación de ello será una labor que corresponderá a nuestro Ministerio, por lo que nuestra disposición a contribuir en el debate la manifestamos desde ya.

Este año partió con una importante noticia como lo fue la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil ¿Por qué resulta tan relevante su funcionamiento?

La ley N° 21.527, publicada a comienzos de año, goza de un amplio y transversal apoyo, toda vez que se concibe como una política de Estado necesaria para el abordaje del delito cometido por adolescentes, así como para contribuir a un mejor acceso a una justicia especializada y garantía de sus derechos.

La Ley crea este nuevo Servicio especializado, con un alto nivel técnico y profesionalizado en su personal, contará con los recursos humanos y materiales necesarios para aplicar un modelo de intervención técnico y profesionalizado, con estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones.

La puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil supone un proceso de largo aliento y coordinación para su implementación, ésta se hará de forma gradual en el país, luego de un período de un año de vacancia de la ley que lo crea.

Esto se traduce en que en 2024 el Servicio entrará en vigor en la zona Norte del país, (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo); al año siguiente se extiende a la zona Sur (Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). Finalmente, se implementará en la zona centro (Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana). La implementación completa del nuevo Servicio implica el cierre definitivo del Sename.

Lo anterior no significa que dejemos de lado la preocupación actual por la reinserción de los jóvenes. Por ello, estamos trabajando en conjunto con Sename en un plan para la transición que permita visibilizar el trabajo con los adolescentes y jóvenes, y que pone énfasis en ciertas áreas priorizadas tales como reinserción y prevención de la reincidencia, coordinación con las políticas de prevención general, mejoras en la gestión programática, seguridad externa y al interior de los centros de privación de libertad, gestión de los centros cerrados y semicerrados, entre otras.

- Ha habido un importante despliegue en terreno del Registro Civil para enfrentar la emergencia por los incendios ¿Cómo evalúa a la fecha este trabajo y hasta cuándo piensan mantenerse desplegados?

Uno de los pluses del Registro Civil e Identificación es su capacidad para desplegarse fuera de sus oficinas, para abordar los distintos requerimientos de atención. En el caso de las emergencias, como en el caso de las zonas afectadas por los incendios forestales, aporta con la entrega de documentos para las personas que los han perdido producto de los incendios. Ello es muy importante, porque las personas requieren de su documentación para acceder a beneficios estatales, entre otros. En las Regiones de Ñuble, del Bío Bío y La Araucanía se han entregado alrededor de 1.700 cédulas, por esta vía. Su labor en terreno, que ha sido sacrificada y muy profesional, continuará todo el tiempo que sea necesario. 

El Registro Civil ha tenido por años altos flujos de usuarios y en algunos casos puntuales cuesta encontrar hora ¿Cómo se está trabajando para mejorar el servicio?

El Registro Civil e Identificación ha tenido una permanente alta demanda, por cuanto está a cargo del registro de los hechos vitales de los chilenos y chilenas y de quienes se avecindan al país. Ello se vio intensificado por los años de pandemia, no obstante que fue uno de los organismos públicos que siguió atendiendo los requerimientos de los usuarios, al punto que durante el período realizó más de 12 millones de trámites de personas, además de sobre 108 millones de transacciones con otras institucionales. Hay en desarrollo un plan de modernización del Servicio, destinado a perfeccionar la atención de los usuarios, sin perjuicio de que este fue premiado en 2022 por el Servicio Civil debido a la aplicación de diversas iniciativas innovadoras en materia de atención virtual.

Para enfrentar los atochamientos, se han creado gestores de fila y se ha establecido la programación de atenciones los sábados en diversas regiones y se está potenciando el uso de la plataforma web para renovación de cédulas y de la App móvil para la reimpresión de cédulas. Me parece significativo también destacar la actitud de la autoridad del Servicio de tomar medidas inmediatas cuando se ha detectado actos ajenos a la probidad funcionaria y que han dificultado el acceso del público.

- Este año se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado. ¿Qué papel cumplirá el Ministerio en este acontecimiento y en qué se está trabajando al respecto?

Esta conmemoración es muy relevante para nosotros, considerando que somos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Vemos una oportunidad para subrayar la necesidad de que la comunidad nacional valorice el respeto de los derechos humanos como una base esencial de la convivencia democrática de hoy y de futuro.

Asumimos que el recuerdo del quiebre democrático, la violencia dictatorial y la constatación de sus efectos sigue siendo un factor de conflicto y tensión. Por lo mismo, las heridas del pasado han resultado imposibles de cerrar. Ello nos exige hacer nuevos esfuerzos en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.

Para nosotros, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el tema de las víctimas de la dictadura es extremadamente sensible y hacemos todo lo que está de nuestra parte para ayudar a los familiares. Coincidimos con ellos en que hay que buscar toda la verdad y toda la justicia. El Estado debe ayudar a las víctimas precisamente a lograr justicia.

Hemos dispuesto un Plan de Búsqueda, cuyo propósito es generar un avance en la búsqueda de verdad y justicia respecto de las víctimas de desaparición forzada de la Dictadura, a través de medidas ad hoc, que van desde recopilación y sistematización de información hasta dotar de mecanismos para avanzar en las investigaciones, incluyendo el uso de nuevas tecnologías.

Nosotros pensamos que es necesario que el Estado haga un nuevo esfuerzo para dotar al sistema judicial y al sistema institucional de los recursos humanos y financieros adecuados para poder lograr y obtener resultados en materia de información. Hasta ahora el Estado de Chile no ha podido recopilar y sistematizar en un solo lugar esa información. Ya tenemos muy buenas razones para que, en los 50 años del golpe, el Estado tome una decisión definitiva en la manera de abordar esta información y en la manera de avanzar en las investigaciones penales vigentes. Pienso que esto es vital y que ello se vincula con el diálogo con las organizaciones que se está desarrollando en todo el país.

¿Cómo se está trabajando para acercar y garantizar el acceso a la justicia a chilenos y chilenas?

Todas nuestras acciones están orientadas a acercar la justicia a las chilenas y los chilenos. Pero, en lo referido específicamente a información, asistencia y apoyo jurídico, estamos trabajando en un proyecto de ley para la creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, que recoja la experiencia de las Corporaciones de Asistencia Judicial existentes y se haga cargo de los requerimientos del presente, lo que incluye darles acceso a defensa a las víctimas de determinados delitos.