[ARCHIVO] Vocero: “Presidenta se ha hecho cargo de la crisis de confianza, pero el esfuerzo debe ser de todos”

“No cabe duda que el sistema político y muchas instituciones en Chile se encuentran desafiados como consecuencia de una crisis de confianza”, dijo el Ministro Vocero, Marcelo Díaz, este jueves al ser consultado por la entrevista en que el ex Presidente Ricardo Lagos abordó el tema. Añadió que “frente a ello uno tiene dos alternativas: o se paraliza y mira la crisis, o se hace cargo. Y lo que la Presidenta de la República ha hecho es hacerse cargo”. 

El Vocero destacó en esta materia el “impulso de una potente Agenda de Probidad”, que se hace cargo de los temas de fondo y que ya muestra sus primera resultados: “El 95% de los aportes que se hicieron a las campañas primarias cuenta con carácter público, es decir se conoce quién fue el donante y a quién le donó”.

Recordó que, en segundo lugar, “la Presidenta ha puesto en marcha el Proceso Constituyente que, entre otras cosas, busca que podamos construir entre todos un nuevo marco constitucional y político, que permita pensar en el Chile de hoy y en el del mañana”.

Enfatizó asimismo que “acá tenemos que hacer un esfuerzo todos por mejorar la calidad del debate público y por contribuir a enfrentar las causas que generan esta crisis de confianza” porque “sin la confianza de los ciudadanos en sus instituciones los países no avanzan”.

En otro plano, el ministro Díaz relevó el “hito” que se concretó ayer con “la mayor licitación de suministro eléctrico, no solamente en la historia de Chile, sino que la más grande de América Latina”.

Agregó que “esta licitación remueve a un sector que se consideraba aletargado y tiene efectos muy directos para el crecimiento económico y el desarrollo del país y también para ir generando lo que queremos: Un efecto positivo por la vía de la baja en las cuentas de la electricidad”.

Respecto de la solicitud de renuncia a la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, el secretario de Estado recordó que la ley que aprobó la creación de dos entidades estatales “establece que mientras no se aprueben los estatutos de dichas instituciones” el o la Presidenta de la República tiene la facultad de remover a los encargados. Agregó que “cuando esos estatutos estén aprobados el rector será elegido por la comunidad académica”.

Díaz añadió que una declaración pública del Ministerio de Educación explicó las razones de decisión, entre las que figuran que la propuesta estatutaria de Pey para la universidad recibió “importantes observaciones”; que sus planteamientos en materia de financiamiento no consideraron “el debate público sobre la gradualidad y avance de la gratuidad”; y que se buscaba “excluir a las y los estudiantes de la región de Aysén de los requisitos” acordados por los rectores del Cruch.

Asimismo, la declaración de Mineduc señala que “diversos actores regionales manifestaron su inquietud” respecto de las decisiones en torno a la puesta en marcha de la nueva institución y que la síntesis de esos problemas “arriesgaba la viabilidad futura del proyecto”. En ese sentido, Díaz –consultado si la rectora es apartada por sus opiniones sobre la reforma educacional- remarcó que “la libertad de expresión en Chile está garantizada” para todos y que la decisión apunta a garantizar la materialización de la nueva universidad.

Consultado por la interpelación contra la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, -que se realizará la próxima semana-, el titular de la Segegob afirmó que “lo que los chilenos esperan que esta sea una discusión con altura de miras” porque, cuando es así, “se puede contribuir a encontrar soluciones y puntos de acuerdo”.

Añadió que “no hay fundamento para una acusación constitucional” y sostuvo que “si se quiere sacar provecho político, pequeño, mezquino, de problemas que la sociedad sabe se arrastran de larga data, perdemos una oportunidad de demostrar que la política está al servicio de los intereses del país y no de pequeñas reyertas sin mayores destino”.

Requerido por la decisión de la oposición de fiscalizar a los funcionarios públicos para evitar un eventual intervencionismo en las elecciones municipales, Díaz enfatizó que están en su derecho, pero que las instrucciones del Ejecutivo han sido claras en exigir a los “funcionarios públicos adecuar sus conductas en el proceso electoral a lo que ha señalado la Contraloría en su instructivo” de este año.