8 DE MAYO DE 2016

[ARCHIVO] Gobierno anuncia veto y nuevo proyecto de ley tras fallo del TC sobre Reforma Laboral

Al dar a conocer la decisión presidencial, el Vocero dijo que “Chile no puede renunciar a tener relaciones laborales justas y eficaces” y por eso se tomarán “todas las medidas que nos permitan seguir avanzando en el marco de nuestra institucionalidad”.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, dio a conocer este sábado en el Palacio de La Moneda la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación. En su intervención, el Vocero anunció que se decidió vetar aspectos del proyecto y el envío de una nueva iniciativa de ley una vez que se conozca el detalle del TC.

El titular de la Segegob expresó que “el país sabe que necesitamos mejorar nuestra economía y la equidad en nuestras relaciones sociales” y por ello se envió “un proyecto de ley de reforma laboral” que moderniza y equilibra las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que tras “un proceso de diálogo democrático con todos los sectores, y de introducirle al proyecto cambios razonables” fue aprobado en el Congreso “por amplia mayoría”.

La autoridad señaló que “desde que el tribunal hizo público su acuerdo, el Gobierno ha sido claro en señalar que lamenta esa decisión de mayoría, pero que acatará íntegramente su veredicto, como corresponde a un Estado de Derecho”.

Explicó que dependiendo del contenido específico del fallo y sus fundamentos, que aún no ha sido dado a conocer por el Tribunal, “no podemos descartar no solo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores” y que para evitar tales riesgos “se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto”.

El Ministro Díaz señaló que el Gobierno no propuso “un conjunto de normas aisladas entre sí” sino que “una propuesta integral de relaciones laborales, donde las distintas disposiciones jurídicas se apoyan mutuamente”. Por ello, dijo “lo anterior, nos obliga a revisar las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas; de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como, la introducción de un nuevo quórum para negociar”.

Sostuvo que “permitir que las partes negocien una materia tan sensible como lo es la adaptabilidad, debe ir acompañado de un debido resguardo de la voluntad colectiva de los trabajadores, la que solo se logra si las organizaciones sindicales fortalecidas, autónomas y permanentes dentro de la empresa, son las únicas que sirven de efectiva contraparte al empleador ante tales pactos”.

Añadió que “el proyecto de ley que presentamos elevaba el sistema de quórums exigidos a los sindicatos para poder negociar colectivamente” modificación que se basaba en la existencia del principio de titularidad sindical. En ese sentido, dijo que “si se suprime la titularidad, se hace también indispensable suprimir las nuevas normas de quorum de negociación”.

El ministro Díaz expresó que “una vez que conozcamos todos los fundamentos de la decisión del Tribunal, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que adecue el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical y que restablezca condiciones a objeto de avanzar en las relaciones laborales más equilibradas y justas”. Añadió que “en la medida que el fallo del tribunal permita que los sindicatos sean la única contraparte para acordar pactos, repondremos en el nuevo proyecto de ley estas materias”.

Chile no puede renunciar a tener relaciones laborales justas y eficaces. Por eso, tomaremos todas las medidas que nos permitan seguir avanzando en el marco de nuestra institucionalidad”, dijo el Vocero, agregando que “el Gobierno no dejará de promover un mejor sistema de relaciones laborales, fundado en el diálogo, que promueva la productividad de las empresas, pero que, al mismo tiempo, defienda adecuadamente los derechos de los trabajadores”.

“En un país moderno, el crecimiento de la economía y el respeto a los derechos de los trabajadores no sólo pueden ir de la mano, es indispensable que lo hagan. Ese es nuestro objetivo”, concluyó.