El pasado 24 de abril la Presidenta Michelle Bachelet, recibió un informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción, con el objetivo de generar propuestas que eleven los estándares de probidad y transparencia en la actividad pública, tanto en la política como en los negocios.
De esta manera, la Mandataria tomó la decisión de generar una Agenda de Probidad y Transparencia, en distintas áreas para prevenir la corrupción, regular los conflictos de intereses, el financiamiento de la política y restablecer confianza en los mercados. Aquí te contamos de qué se trata.
La Agenda de Probidad y Transparencia es un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno, tanto administrativas como legislativas, que combatirán la corrupción y los conflictos de intereses.
La Agenda de Probidad contiene 14 medidas administrativas anunciadas por la Presidenta, que ya han sido implementadas en un 100%.
Una de estas medidas apunta a que la ciudadanía pueda acceder a la lista de lobistas que se registran a partir de la entrada en vigencia de la Ley del Lobby. Además, la ciudadanía podrá conocer, tras un exhaustivo proceso, cuáles son las declaraciones de patrimonio e intereses de las distintas reparticiones de la administración pública.
Al 16 de septiembre de este año se han realizado 18.698 declaraciones de patrimonio y 15.143 declaraciones de intereses.
A comienzos de agosto de 2015 el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados acordaron la tramitación expedita de 12 proyectos (de los 21 proyectos que están en el Congreso) para desarrollar las próximas elecciones bajo nuevos y mejores estándares de probidad y transparencia. A esto se le denomina “Acuerdo 6+6”.
Primeros etapa de 6 proyectos
- Reformas para el Fortalecimiento de la Democracia
- Reforma Constitucional que le dará autonomía al Servicio Electoral (Servel)
- Reforma Constitucional sobre pérdida de escaño
- Ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia
- Ley Orgánica Constitucional Servel
- Proyecto Sobre Probidad en la función pública
- Proyecto de ley sobre Comisión de Valores (Hacienda)
Segunda etapa 6 proyectos:
- Proyecto que previene y sanciona los conflictos de interés
- Aumento de penas por delitos de corrupción y cohecho(Justicia)
- Impide Especulación en cambios de uso de suelos(Vivienda)
- Fortalecimiento de Alta Dirección Pública(Hacienda)
- Proyecto que Crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (Educación)
- Proyecto de reforma a la ley de partidos políticos
- Los alumnos de 1° a 4° medio en la Educación Pública contarán con un ramo de educación cívica, que les permitirá adquirir los conocimientos cívicos que le para ejercer sus derechos y deberes.
- Los cambios en los planes reguladores deberán ser abordados con plena participación de la ciudadanía, a través de talleres y reuniones desde el inicio de los estudios. Cualquier cambio o interpretación en los planes reguladores deberán ser informados y publicados en una página web de libre acceso ciudadano.
- Se reducirá el exceso de propaganda política en las calles durante períodos de campaña, lo que mejorará la calidad de la vida de las personas, a lo largo del país.
- Se limitará los lugares donde los candidatos pueden hacer campaña.
- Los partidos políticos deben fomentar la participación activa de ciudadanos, incluyendo a aquellos que no son militantes de una colectividad.
Ya son tres los proyectos de la Agenda de Probidad que están aprobados por el Congreso y que serán claves para mejorar los estándares de transparencia en el quehacer público.
- Autonomía del Servel: El 9 de octubre pasado, la Presidenta Bachelet promulgó esta reforma constitucional, que permitirá tener un Servel totalmente independiente de los gobierno y de los demás poderes de estado. De esta manera, el Servel regulará la publicidad de los aportes a las campañas y a los partidos; los límites más bajos de gasto electoral; la prohibición de los aportes de personas jurídicas; y la posibilidad que los partidos políticos se financien con aportes públicos permanentes, entre otras consideraciones.
- Proyecto de Probidad en la Función Pública: Esta iniciativa amplía el rango de autoridades y funcionarios que estarán obligados a declarar su patrimonio e intereses. Asimismo, extiende el ámbito de lo que debe declararse, tanto bienes como las actividades que realizan, así como también, aquellas relaciones familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el servicio público.
- Proyecto sobre pérdida del cargo: Quienes infrinjan normas sobre financiamiento electoral, perderán su escaño y quedarán inhabilitadas para optar a cargos de representación popular en los dos procesos eleccionarios siguientes a la sanción de cesación y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia.