El Gobierno ha diseñado un Plan de Emergencia que busca aumentar la disponibilidad de
agua
y mejorar la eficiencia en su uso, con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo
humano
y la producción de alimentos. Este plan tiene cuatro ejes:
En los últimos cinco años los proyectos de desalación han tenido un gran
desarrollo, con un crecimiento de un 88% respecto de los proyectos aprobados en
los cinco años anteriores.
Para aumentar la disponibilidad de agua se dará un fuerte impulso a la
desalación, especialmente en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.
En diciembre de 2021 entró en operación la primera planta desaladora estatal,
construida en la región de Atacama y que abastece a 210 mil personas de las
comunas de Caldera, Copiapó,
Chañaral y Tierra Amarilla. Cuenta con una capacidad de producción de 1.200
litros por segundo y significó una inversión de US$250 millones.
Según el catastro realizado por la oficina GPS, la capacidad de las plantas
desaladoras que actualmente existen en Chile para uso de minería,
industrial y consumo humano asciende a 6.653 litros por segundo. Actualmente, se
construyen tres proyectos de desaladoras en las regiones de Tarapacá,
Antofagasta y Coquimbo que sumarán 4.184 litros por segundo de capacidad de
desalación y existen tres proyectos en proceso de calificación ambiental
por 3.610 litros por segundo y cuatro proyectos en desarrollo por 3.800 litros
por segundo.
Entre las más importantes inversiones para proveer de agua al sector agrícola
está el avance en la tecnificación de riego. Entre 2018 y 2021 la inversión
pública
asciende a más de US$ 400 millones en obras de riego, tales como la construcción
de
sistemas de regadío y canales, embalses, tranques, pozos, y encauzamientos en
los ríos.
Vista la gravedad de la sequía, en este período la inversión en infraestructura
para
riego ha aumentado sostenidamente. El 2021 la inversión es un 60% mayor a la de
2018,
y se mantendrá este impulso a la inversión el año 2022.
Además, durante este Gobierno se ha impulsado el Plan de Embalses Priorizados
que construirá 26 embalses a lo largo del país con una inversión que alcanza los
US$ 6.000 millones.
Se creará un Fondo Especial de Sequía que permita aumentar los recursos en la
ley de
riego para superar los 110 mil millones de pesos de inversión por año en 2021 y
2022.
Se creará un fondo de investigación estratégica en sequía por 6.000 millones de
pesos,
para diseño de políticas públicas, normativas, estudios y soluciones
tecnológicas para hacer frente a la sequía.
La disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano ha afectado
especialmente
a las zonas rurales donde las familias se abastecen mediante sistemas
comunitarios de agua potable rural.
El Gobierno ha aumentado los recursos invertidos para estas familias, ampliando
la cobertura del programa de Agua Potable Rural
(APR) del MOP en un 21%, alcanzando una cifra de 2.239 sistemas que benefician a
645 mil familias.
El 2021 se invertirán cerca de US$ 300 millones, casi triplicando el promedio de
inversión anual de la última década (2010-2019).
Como parte del plan se mantendrá un impulso de inversión en APR para alcanzar
una inversión de 650 millones de dólares para el bienio 2021-2022.
Esta crisis la enfrentamos entre todos y todas.
Se sancionarán los usos no responsables de agua en los periodos de sequía
extrema.
Esto se hará mediante un trabajo coordinado con los municipios para la creación
de
ordenanzas municipales que sancionen el riego de jardines durante el día, riego
por
tendido de parques y plazas, lavado de autos con manguera, apertura de grifos,
entre otros usos irresponsables del agua.
Al mismo tiempo, se harán las modificaciones correspondientes para tener un
sistema
de tarificación por bloques y ampliar el castigo al sobreconsumo.
Se prohibirán las descargas de aguas residuales vertidas al mar de emisarios
submarinos con tratamiento primario.
De esta forma, las empresas sanitarias que operan en la costa tendrán que
realizar obligatoriamente un tratamiento secundario,
de forma que las aguas residuales podrán tener un uso posterior.
Las empresas sanitarias deberán reducir la pérdida de agua en las redes de
distribución,
ya que actualmente el 33% del agua producida no llega a los usuarios y se pierde
en las
tuberías por diversas causas. Con este plan se reducirán las pérdidas a un 25%
el 2030.
