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Nueva ley multa hasta con $200 mil pesos a las personas que ensucien playas, ríos y parques

El Diario Oficial publicó este lunes 10 de diciembre, la ley que penalizará y multará a quienes ensucien playas, ríos, parques, reservas y monumentos nacionales.

Colillas de cigarrillos, plásticos, incluso restos de comida, son algunas de las sorpresas desagradables con las que se encuentran los veraneantes, y que dañan el medioambiente en ríos, lagos y playas de nuestro país. Pero esto podría cambiar a partir de hoy.

El Diario Oficial publicó este lunes 10 de diciembre la ley –impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales-, que modifica el Código Penal, para castigar con multas que van de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a quienes ensucien, arrojen o abandonen basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial.

“Esta herramienta nos permite cuidar los lugares donde muchos chilenos disfrutan las vacaciones y castigar a quienes no lo hagan. Todos queremos disfrutar de nuestros días de descanso en un ambiente limpio”, destacó el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

El nuevo cuerpo legal busca desincentivar la contaminación de playas, ríos, lagos y parques nacionales, por parte de sus visitantes. “La idea es sancionar un mal hábito individual que repercute y ocasiona daño a la comunidad en general. Con esta ley se busca educar a la ciudadanía en el cuidado del medioambiente”, recalcó el secretario de Estado.

Esta ley de cuidado de riberas de mar, ríos y lagos se suma a la campaña “Que no te falte playa”, lanzada la semana pasada en todo Chile por el Ministerio de Bienes Nacionales, y que busca que la ciudadanía se informe sobre su derecho a acceder de manera gratuita a las playas del país.

Por tratarse de una modificación al Código Penal, la fiscalización corresponde a Carabineros de Chile (tiene atribuciones para control de identidad y cursar partes), mientras que la aplicación material de las multas es atribución de los tribunales de garantía, tras la acusación del Ministerio Público.

Este proyecto de ley fue iniciado en moción en 2012 por un grupo de senadores, promovido principalmente por el ahora ministro de Minería, Baldo Prokurica.

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