30 DE ENERO DE 2023

Ministro de Energía: “Creemos que es posible alcanzar un 60% de producción de energías renovables a 2030”

Diego Pardow entregó detalles respecto a los compromisos asumidos para fomentar las energías limpias, el potencial que tiene nuestro país para seguir empujando estas políticas, además de los desafíos de su ministerio para el 2023.

Fotografía del ministro de Energía Diego Pardow.

Energías limpias, descarbonización de la matriz energética, hidrógeno verde, electromovilidad, y regulación del mercado de gas, son parte de los grandes desafíos que está llevando adelante el ministro de Energía, Diego Pardow, y que este 2023, serán tareas claves para su cartera.  

Y en todos estos compromisos, el impulso de las energías renovables, sin duda, juega un rol importante, algo que incluso ha sido relevado a nivel internacional, ya que hace pocos días una destacada publicación, acaba de situar a nuestro país como la segunda nación con mayor participación de energía solar en el mundo.

Y para seguir potenciando las energías limpias, uno de los planes es aumentar las autorizaciones ambientales para centrales de generación a base de energías renovables, además de impulsar el proceso de participación ciudadana para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023–2030, entre muchas otras medidas, según nos detalla a continuación el ministro Pardow.

- Estamos iniciando el 2023 ¿Cuáles son los desafíos de su gestión para el presente año?

- En el sector energético tenemos un conjunto de retos para avanzar en nuestra meta de descarbonización de la matriz energética. Esto tiene que ir de la mano con la construcción de una economía más diversificada y dinámica capaz de generar impacto positivo en las comunidades a través del cuidado del medio ambiente y la creación de empleos de calidad.

Una de las prioridades para los próximos años es continuar con la implementación de políticas públicas que nos permita entregar más flexibilidad y seguridad a nuestra matriz energética. Eso es lo que he llamado el “segundo tiempo” de nuestra transición energética. Esto implica abordar reformas claves del sector, que hasta poco no eran parte de las prioridades de la agenda regulatoria del Ministerio de Energía, en temas como transmisión, distribución y mercado mayorista.

Este año además avanzaremos en el proceso de participación ciudadana de nuestro Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023 – 2030 busca enriquecer los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, incorporando bajadas específicas que nos permitan traducir estas metas en algo más concreto para las comunidades involucradas.

Asimismo, continuaremos con programas sociales que nos permiten acercarnos a la comunidad con acciones concretas como Mi Taxi Eléctrico, con el cual entregaremos 1.000 nuevos vehículos que nos permita avanzar en electromovilidad en nuestras ciudades; Mejor Escuela, mejorando las condiciones de 100 establecimientos educacionales; además de Ponle Energía a tu Pyme y Casa Solar.

- Según la revista Bloomberg, Chile es el mercado emergente más atractivo para inversión en proyectos de energías renovables ¿Qué explica esto y que está haciendo el Gobierno para impulsarlo?

- La publicación de este medio internacional es un reconocimiento a las políticas públicas en materia energética que hemos implementado como Estado desde hace más de quince años en favor de una matriz energética más limpia.

Proyectamos que en los próximos cinco años se concreten inversiones en el sector energético por más de US$ 20 mil millones. Solo en el 2023 queremos aumentar las autorizaciones ambientales de centrales de generación, que sumado a los proyectos de transmisión, podrían generar inversiones por más de US$ 4 mil millones. Además, esperamos que este año entren en operaciones nuevas centrales de generación que permitan incrementar a 4,3GW la energía que se inyecte al sistema.

Con este objetivo, como gobierno destinaremos $1.600 millones para el fortalecimiento de equipos en servicios críticos como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio de Bienes Nacionales o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esta iniciativa es parte del Plan Invirtamos en Chile y busca reducir alguno de los “cuellos de botella” que impiden el avance de las inversiones en nuestro país.

- El Gobierno está tramitando en el Congreso una ley que fomenta la participación de energías renovables en nuestra matriz energética. ¿Es posible avanzar en las metas que ahí se proponen?

- Nuestro gobierno ingresó indicaciones a un proyecto de ley presentado por la administración anterior con el fin de aumentar las metas de participación de energías renovables en nuestra matriz energética. Dicha iniciativa consideraba alcanzar un 40% de producción con energías renovables al 2030, pero de acuerdo a nuestro análisis con la evidencia disponible, creemos que es posible alcanzar un 60% de producción de energías renovables a 2030, así como un mínimo de 40% en cada bloque horario.

Esta parece ser una meta desafiante, pero es muy responsable teniendo en cuenta la urgencia que nos impone el cambio climático. Ahora es claro que fijar cuotas no es suficiente y como gobierno estamos trabajando en una serie de iniciativas que nos permitan generar las condiciones habilitantes para alcanzar nuestras metas de descarbonización. Entre ellas, la  Ley de Almacenamiento y Electromovilidad que ya fue aprobada por el Congreso, el nuevo Reglamento de Potencia que ingresaremos durante el primer semestre a Contraloría, y futuros proyectos de ley para mejorar la transmisión, la distribución, y el mercado mayorista de la energía.

- Chile es un país estratégico para la creación de una nueva industria del hidrógeno verde ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar el país para acelerar su desarrollo?

- Como gobierno creemos que el hidrógeno verde representa una oportunidad para el desarrollo de una nueva industria orientada hacia un desarrollo productivo sostenible, que permita generar valor local, acceder a mayor bienestar y empleo decente en armonía con el medio ambiente y en línea con nuestros compromisos climáticos.

Como país tenemos una estrategia nacional en materia de hidrógeno verde que llega al 2030, pero esa estrategia está orientado a un output productivo.  Número de gigas, de electrólisis, de toneladas producidas. Esa es una estrategia muy razonable cuando uno trata de generar interés en la industria y levantar capital que financie este tipo de infraestructura, pero a la hora de desplegar este tipo de desarrollos en los territorios, uno tiene que empezar a hablar de otro tipo de cosas.

El Plan de Acción 2023 – 2030 busca mantener los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, pero incorporando bajadas específicas que nos permitan traducir estas metas en algo más concreto para las comunidades involucradas.

Tenemos que empezar hablar de empleos industriales que se van a generar en estos territorios, hay que empezar a hablar de los encadenamientos productivos y de los impactos sociales que va a tener el despliegue de esta industria.

Por ejemplo, en la planta Haru Oni, inaugurada recientemente en Magallanes, hay 250 trabajadores y el 85% corresponde a hombres y mujeres de la región. Nosotros quisiéramos que porcentajes similares se repitieran en todas las infraestructuras que se van a desplegar para esta industria. Para eso tenemos que entender muy bien las necesidades de la industria, las expectativas de las personas y posteriormente como Estado tomar compromisos de cómo vamos a implementar políticas públicas que permitan que eso ocurra.

- La electromovilidad es otro desafío de Estado y en especial para el Gobierno. En ese sentido hace poco se promulgó la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad ¿Cuál es su importancia y qué rol cumple en el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad?

- Esta ley avanza en dos materias que son relevantes para alcanzar nuestro objetivo de transformarnos en un país carbono neutralidad al año 2050 y es un buen ejemplo de cómo hemos logrado avanzar como país en la implementación de políticas públicas de largo plazo.

En el caso del almacenamiento, es una norma que entrega incentivos para el desarrollo de proyectos que permitan el acopio de la energía eléctrica generada con el sol o el viento que actualmente se está “perdiendo”. Es decir, a ciertas horas del día se producen mucho y en otras, nada. De esta forma, la electricidad generada con energías renovables no convencionales podría ser utilizada en los horarios donde se produce el peak de demanda, asegurando su suministro durante las 24 horas del día.

Esto hará más flexible a nuestra matriz energética y nos permitirá dejar de depender de la energía generada con combustibles fósiles Respecto de la electromovilidad, nuestro gobierno está comprometido con generar las condiciones necesarias que favorezcan el desarrollo de la electromovilidad en el país. La ley aprobada recientemente va en esa línea.

La actual norma rebajará a partir de febrero el costo de los permisos de circulación de los vehículos eléctricos, para equipararlo con el de automóviles de combustión interna, los que son cerca de un 65% más baratos. En los primeros dos años existirá una eximición total, la cual irá disminuyendo gradualmente hasta el octavo año.

Este el primer paso para el fomento de esta industria, ya que en el marco de la discusión parlamentaria surgió la necesidad de crear una Mesa para el Avance de la Electromovilidad en Chile, la que inició su trabajo en diciembre. En esta instancia se están estudiando las barreras regulatorias que existen actualmente en nuestra normativa y que impiden una efectiva penetración de la electromovilidad en el país.

Esta instancia emitirá en marzo de este año un informe final con propuestas e incentivos, tanto económicos como regulatorios, para el impulso de esta tecnología amigable con el medio ambiente.

- Durante el 2022 la energía solar y eléctrica superaron al carbón en la generación eléctrica nacional. ¿Cuándo está planificado eliminar definitivamente el carbón de la matriz energética?

- Como país nos propusimos la meta como país de llegar a ser carbono neutrales al 2050 y el año pasado se concretaron varios hitos que nos encaminan a ese objetivo y que nos deben hacer sentir muy orgullosos.

La generación de energía solar y eólica se empinó por sobre el 32% de la energía inyectada al sistema, superando a la generación con fuentes térmicas y el sector eléctrico redujo en un 25% sus emisiones de CO2.

Asimismo, acompañamos el cierre de centrales termoeléctricas como Bocamina y Tocopilla con la apertura de 100 nuevas plantas renovables que sumaron 3,3 GW de capacidad a nuestro sistema. No debemos olvidar que, más importante que el cierre de centrales, es la capacidad que tengamos de sustituir esas centrales con proyectos que beneficien a las comunidades.

Ese es el camino que decidimos seguir como gobierno, avanzar en un proceso de transición energética justa que permita el acompañamiento del Estado en la transformación productiva de esos lugares.

- La regulación del mercado del gas es una gran preocupación de la ciudadanía. ¿En qué etapa se encuentra el comité de expertas y expertos que regulará este mercado? ¿Cuándo podríamos tener noticias concretas al respecto?

El Comité de Expertas y Expertos para una Mejora Regulatoria en el Mercado del Gas Natural comenzó sus funciones el 14 de noviembre, terminó de sesionar a principios, durante enero y entregará un informe preliminar en marzo y otro final durante abril.

- En el marco de la política medioambiental, este año también tuvimos la promulgación de La Ley de Biocombustibles ¿Qué trabajo está desarrollando el ministerio para su implementación?

- El 2022 fue un año muy positivo en la aprobación de leyes en materia energética. La Ley de Biocombustibles surgió a partir de una moción parlamentaria y está orientada a reducir la contaminación en el sur de Chile y avanzar hacia un mercado formal para combustibles como la leña y el pellet.

La iniciativa, tiene como objetivo definir estándares de calidad para este tipo de biocombustibles que se comercializan mayoritariamente en la zona centro y sur de Chile y así contribuir a mejorar las condiciones del aire, resguardar la seguridad y la salud de las personas en las zonas donde se usa este tipo de combustible.

La nueva norma también propone avanzar en un mercado formal y transparente que permitirá generar empleos y mejorar la competitividad de las empresas del sector. En estos momentos estamos en la construcción del reglamento que incluye un proceso de participación ciudadana. Este trabajo comenzó en el mes de enero y se extenderá hasta marzo en diferentes ciudades de Chile.