Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral

Acuerdo
Nacional

por el
Desarrollo
Integral



Acuerdo Nacional
por el
Desarrollo Integral



La Mesa del Acuerdo para el Desarrollo Integral, compuesta por personas de distintas sensibilidades políticas, se instala para implementar medidas de consenso con el objetivo de que que la economía chilena recupere su capacidad de crecer, avance en la reducción de la pobreza, genere más empleos formales y oportunidades para todos.




Hoja de Ruta




  Elaborar una política integral para enfrentar el cambio tecnológico compatibilizando la adopción de nuevas tecnologías con la reconversión laboral de los trabajadores.


  Reformular el sistema nacional de capacitación, convirtiéndolo en un sistema dinámico, que se adapte a las necesidades de los distintos sectores productivos y grupos de trabajadores, sirviendo especialmente a las PYMES.


  Fomentar una mayor coordinación entre la educación media, los institutos profesionales y centros de formación técnica con el sector privado, para permitir transferir las necesidades de competencias que surgen en las distintas actividades productivas a los centros de formación.




  Priorizar grupos sociales que, por sus características, poseen una mayor vulnerabilidad:

  • Hogares con niños pequeños, especialmente encabezados por una mujer y con niños en la temprana edad.
  • Jóvenes que no estudian ni trabajan.
  • Adultos mayores, especialmente aquellos en la cuarta edad.
  • Hogares con personas en situación de discapacidad.

  Reorganizar los programas sociales existentes en un grupo acotado de macro programas, aumentar el uso de información disponible en el Estado para la evaluación de la situación socioeconómica de los beneficiarios y perfeccionar el monitoreo de los programas sociales.


  Reformular la duración y la gradualidad del retiro de los programas sociales, de manera que faciliten la generación de ingresos autónomos por parte de sus beneficiarios.




  Evaluar, mejorar y simplificar de manera continua las regulaciones del Estado, bajo el rol de una Comisión Nacional de Productividad institucionalizada de manera permanente y con un rol más amplio.


  Mejorar el sistema de datos del Estado mediante la creación de un sistema integrado de información, abierto y con los debidos resguardos en cuanto a la reserva y protección de los datos personales, y promover la interoperabilidad de los sistemas de información de los servicios públicos.


  Establecer un sistema estandarizado de evaluación de desempeño para los servicios públicos, que incorpore la visión de la ciudadanía y que tenga consecuencias concretas.




  Avanzar hacia una estructura tributaria coherente con los desafíos del siglo XXI, cuya recaudación permita enfrentar los desafíos sociales del país, equilibrando competitividad, incentivo al ahorro, equidad horizontal y vertical, y la simplicidad de sus normativas.


  Realizar una reforma integral al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, modernizando su funcionamiento, aumentando la participación ciudadana temprana y desvinculándolo del ciclo político.


  Generar una Política Regional de Inversión que contribuya a la descentralización del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las regiones.




  Disminuir el déficit de profesionales técnicos y de habilidades tecnológicas en la fuerza laboral, considerando los principales requerimientos de los sectores económicos y con especial énfasis en las nuevas tecnologías.


  Avanzar en una mejor medición del impacto en productividad de las políticas públicas, mejorando la calidad técnica de los informes de productividad, de manera que sean un elemento relevante en la deliberación de un proyecto de ley.


  Impulsar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como uno de los ejes fundamentales para la innovación y la eficiencia de los procesos productivos en la empresa.




  Aprovechar las condiciones económicas y de desarrollo del mercado de capitales de Chile para convertir a nuestro país en un exportador de servicios financieros.


  Promover una mayor educación e inclusión financiera en el mercado de ahorro y crédito formal, con foco en las personas, las pequeñas empresas y el comercio.


  Promover la innovación tecnológica como fuente de competencia, cuidando la regulación, la estabilidad financiera y protegiendo al consumidor.




  Mejorar las condiciones para el consumidor en su relación con las empresas, facilitando su entrada y salida de contratos, y generando condiciones más simétricas en la contratación y devolución de un producto o servicio.


  Otorgar una protección efectiva a los datos de las personas, asumiendo la nueva realidad tecnológica, evitando los abusos y llevando las normativas nacionales a estándares OCDE.


  Promover una evolución regulatoria en servicios como notarías y conservadores de bienes raíces, para eliminar barreras de entrada y avanzar en el uso de nuevas tecnologías como la firma electrónica.




  Invertir en infraestructura digital y facilitar el acceso de las empresas de menor tamaño a la tecnología, mediante grupos de apoyo especializados en Corfo y convenios con centros educacionales.


  Crear mecanismos para aumentar la asociatividad y cooperación entre las empresas de menor tamaño, lo que les permitirá reducir costos y ser más competitivas.


  Mejorar el acceso a financiamiento a través de programas de garantías, reconociendo las significativas diferencias que existen entre las Pymes y las etapas del ciclo de vida en que se encuentran.




  Desarrollar una política de comercio exterior de segunda generación que ponga el foco en mejorar los procesos logísticos, potenciando a Chile como centro logístico regional.


  Diseñar un fondo para acortar las principales brechas de capital humano con economías más competitivas en el corto plazo, implementando programas de rápida capacitación con foco en el aprendizaje del inglés y las nuevas tecnologías.


  Impulsar a la Alianza del Pacífico (AP) como una plataforma para profundizar el liderazgo de Chile en la integración internacional.