[ARCHIVO] ¿De qué tratan las nuevas leyes con las que se busca mejorar la democracia?

Ya son diez los compromisos de la Agenda de Probidad y Transparencia que han sido tramitados en su totalidad por el Congreso Nacional, un hito histórico para avanzar hacia una mejor democracia, combatir la corrupción, erradicar las malas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Entre las normativas promulgadas destacan la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos, y la Ley que exige Probidad en la Función Pública. Te invitamos a revisar sus puntos más importantes:

 Regula de mejor forma el gasto electoral:

• Se rebaja el límite de gasto electoral en un 50%, para optimizar los recursos que usan los candidatos durante las campañas.
• Para separar la influencia de los negocios en la política, se prohíben los aportes de personas jurídicas a las campañas.
• Si los partidos quieren acceder a dineros públicos, deben reinscribir a todos sus militantes en un plazo de 12 meses.
• Aumenta el periodo de campaña a 200 días anteriores al día de la elección definitiva, para quienes postulen a la Presidencia de la República.
• Si alguien hace trampa a la hora de financiar su campaña, podría perder su cargo.

Mejora uso de la propaganda electoral:

• Para facilitar la vida de nuestros compatriotas y evitar la saturación de sus calles y parques, sólo se podrá instalar propaganda electoral en espacios públicos permitidos por el Servel.
• Los candidatos, jefes de campaña o quienes estén a cargo de coordinarlas deberán denunciar toda falta o delito cometido por sus brigadistas.
• Quienes hagan campaña no podrán hacerlo utilizando gigantografías.

Fiscaliza y aplica sanciones de manera eficaz:

• El Servel, será el encargado de fiscalizar los procesos eleccionarios, con mayores herramientas de control y nuevas atribuciones.
• El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la ley, tendrá una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a  3 años y un día) y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.
• Si se reciben aportes de una persona jurídica, las personas arriesgan presidio menor en su grado mínimo a medio  (61 días a 3 años y un día)  y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.
• El administrador electoral, el administrador general electoral, o el administrador general de fondos de un partido político que proporcione al Servicio Electoral antecedentes falsos, tendrá presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a 5 años).

“A partir de ahora, con estas nuevas leyes, las reglas del juego de la política chilena cambiaron; son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones claras y pérdidas de escaño para quienes cometan delito. Las empresas ya no van a poder financiar a candidatos, entre otras prohibiciones”.

Presidenta Michelle Bachelet, 11 de abril de 2016.

Promueve más democracia interna:

• Para garantizar una mayor transparencia, el Servicio Electoral (Servel) participará como ministro de fe en las elecciones internas de los partidos.
• Las colectividades  se convierten en entidades jurídicas de derecho público, y deberán promover  la participación ciudadana, en especial de mujeres y jóvenes.

Mejora reglas de competencia: 

• La iniciativa disminuye los requisitos para constituir nuevos referentes políticos, desde el 0,5% del electorado al 0,25%, en tres regiones contiguas u ocho discontinuas.
• Para que las colectividades puedan subsistir, deberán elegir cuatro parlamentarios u  obtener el 5% de los votos en cada una de las regiones donde tengan candidatos.

Busca la equidad de género

• La norma garantiza una mayor presencia femenina en las instancias principales de los partidos, a través de cuotas, con un porcentaje mínimo de participación de 60/40 en órganos directivos.

Establece más exigencias a las autoridades:

• Aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma.
• Bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes, son sólo algunos de los aspectos que deberán ser declarados, para evitar anomalías que podrían afectar las decisiones de una determinada labor o institución.
• Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM  e incluso podrían llegar a perder su cargo.
• Los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF ($655 MM aprox) deberán delegar su administración a un tercero. Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado, tendrán que acogerse a un “mandato especial de cartera de valores”, figura también conocida como fideicomiso ciego.