Gobierno de Chile

Medio Ambiente: Por un Chile Sustentable

La contaminación atmosférica ha sido uno de los principales desafíos en materia ambiental para nuestro país en el último tiempo. Desde el año 2006 la calidad del aire de la Región Metropolitana ha empeorado progresivamente, situación que se ha extendido con rapidez a regiones (Temuco, Concepción, Valdivia, Osorno, Rancagua, Tocopilla, etc.). Ya son más de 8 millones los chilenos que habitan en zonas donde no se cumplen las normas de calidad del aire, lo que tiene graves consecuencias para la salud y calidad de vida de la población.

Además, la gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad ha sido sumamente precaria, situación reconocida tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales que se han realizado a nuestra institucionalidad ambiental. De hecho, la OCDE es bastante crítica al respecto, señalando que el financiamiento para la inversión y el manejo de estas materias es insuficiente, y que «al ritmo actual de avance el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos para el año 2010 no se cumplirá». De momento, no hay leyes específicas que regulen estas materias, y las estructuras institucionales dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes.

Chile protege casi una quinta parte de su territorio. Sin embargo, la mayor parte de las áreas protegidas se concentran en dos regiones (Aysén y Magallanes). Además, el sector privado administra el equivalente a tan solo el 12% de las áreas protegidas que administra el Estado. Todos estos antecedentes reflejan la incapacidad de las políticas ambientales para el cumplimiento del deber constitucional de «proteger la naturaleza».

Se estima que Chile presenta aproximadamente 6 millones de hectáreas de suelos descubiertos, altamente degradados e improductivos. Asimismo, el bosque nativo también presenta elevados niveles de degradación. Estos hechos, además de condicionar significativamente las posibilidades de desarrollo del mundo rural, afectan negativamente al medio ambiente y la biodiversidad.

Otro tema emergente es la composición de nuestra matriz energética. Producto de la crisis de suministro de gas natural, desde el año 2007 más del 60% de nuestra matriz energética proviene de la quema de combustibles fósiles, siendo que a comienzos de los ‘90 esta alternativa representaba entre un 20 y 30% del total. Ello ha impactado nuestras emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI). Chile era responsable del 0,2% de las emisiones mundiales de GEI, equivalente a 80 millones de toneladas de CO2 en el año 2007, pero nuestras emisiones han aumentado de manera significativa en los últimos años, pasando de 3 a casi 5 toneladas de CO2 por habitante entre el 2005 y el 2007. Esto nos plantea un enorme desafío como país, tanto por la necesidad de disminuir nuestra dependencia energética, así como por las negociaciones post Kyoto que se inician a fines del 2009 y que posiblemente impliquen algún grado de compromisos de reducción de GEI, todo esto sin afectar nuestro potencial de desarrollo como país.

En cuanto a la gestión ambiental, hay temas que requieren una urgente mejoría. No hay suficiente información en cuanto a estándares e indicadores de calidad ambiental, la fiscalización es deficiente y no se conoce la capacidad de carga de las principales cuencas ambientales del país. La institucionalidad al respecto es poco eficiente, está politizada, no garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y no contempla mecanismos apropiados de resolución de controversias, lo que ha aumentado la conflictividad entre las comunidades locales y algunos proyectos de inversión. Además, la justicia actual es lenta e ineficaz respecto de la resolución de los conflictos ambientales y no sienta jurisprudencia.

Nuestro compromiso es mejorar la calidad medioambiental de nuestro país, para lo cual tomaremos las siguientes medidas:

• Tomaremos acciones para prevenir la ocurrencia de episodios críticos de contaminación, tanto del recurso aire, como agua y suelo. Y en aquellas zonas saturadas de contaminación tomaremos todas las medidas necesarias para revertir esa situación, de conformidad al marco regulatorio y a los acuerdos alcanzados. Para ello promoveremos el Programa «Para un Aire Puro» en las ciudades que presentan altos niveles de contaminación atmosférica como Santiago, Concepción, Temuco, Osorno y Rancagua, especialmente en aquellas que se encuentren en situaciones de latencia o saturación por encontrarse sobrepasadas una o más normas de calidad ambiental.

• Profundizaremos el principio «el que contamina paga», incluyendo a todos los sectores de la actividad productiva del país, avanzando en la determinación de la línea base país, eliminando asimetrías, reforzando el derecho de propiedad, y reafirmando la certeza jurídica.

• Impulsaremos la Ley de Bonos de Descontaminación y corregiremos las distorsiones tributarias que desincentivan el uso de combustibles limpios y la reducción de emisiones. Promoveremos la importación de tecnologías más limpias, y premiaremos a aquellas empresas que desarrollen prácticas que constituyan mejoras ambientales comprobables, adicionales a las exigencias normativas.

• Fomentaremos políticas de reciclaje, descontaminación y rehabilitación de áreas degradadas, estableciendo mecanismos que motiven a los ciudadanos, municipios y empresas a tomar acciones en este sentido. Además, se estudiará la implementación de la «Ley de las 3R», la que permitirá corregir las trabas existentes y establecer los incentivos necesarios para fomentar la Reducción, el Reuso y el Reciclaje de la basura.

• Disminuiremos la exposición de la población a la contaminación al interior de sus hogares, que puede representar aún mayores riesgos que la contaminación extra muros. Para ello, mejoraremos los estándares de aislación térmica de las viviendas, lo que será incorporado plenamente en nuestra política de subsidios habitacionales, con el fin reducir las pérdidas de calor, y estableceremos mecanismos que permitan a la población más vulnerable acceder a fuentes de energía más limpia, fomentando el uso de la leña seca en el sur del país, y mejorando los estándares ambientales y energéticos de las estufas y cocinas a leña.

• Contribuiremos en la lucha contra el cambio climático, mejorando nuestra «Huella de Carbono», lo que constituirá una fuente de competitividad para el sector exportador. Promoveremos la eficiencia energética y la generación de un sistema que permita valorar los «ahorros energéticos», e impulsaremos mecanismos que permitan reducir eficientemente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.

• Incentivaremos las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética (EE), a través de la entrega de instrumentos financieros a las empresas para que desarrollen estas tecnologías y promoveremos la creación de «clusters» de bonos de carbono en el marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del protocolo de Kyoto. Asimismo, impulsaremos medidas que promuevan la construcción sustentable, especialmente en las edificaciones públicas, estableciendo mecanismos para reducir los consumos de agua, disminuir el consumo eléctrico, incentivar el uso de materiales de construcción reciclados, entre otras medidas.

• Instauraremos un «Servicio de Parques y Biodiversidad», mediante el cual pondremos en marcha una verdadera política para la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Esta institución fomentará la creación y mantención de las áreas protegidas estatales y privadas, tanto terrestres como marinas, con el fin de lograr una red coherente de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos. Incentivaremos la incorporación de privados por medio de beneficios tributarios para la conservación de Áreas Silvestres Protegidas Privadas, similares a las leyes de donaciones existentes. Además, perfeccionaremos los mecanismos existentes en la Ley de Bosque Nativo, para fomentar la recuperación de los bosques degradados, con especial énfasis en pequeños y medianos propietarios de suelos forestales.

• Mejoraremos el sistema de participación ciudadana en la calificación ambiental de proyectos a través de, entre otros mecanismos, la creación de sistemas que favorezcan los acuerdos entre las partes involucradas mediante mecanismos de mediación y conciliación. Ampliaremos el sistema de compensaciones del SEIA gracias a la creación de un «Banco de Proyectos de Compensación Ambiental», como alternativa a los procesos de negociación individual en aquellos casos en que los costos de transacción sean muy elevados.

• Implementaremos el Tribunal Ambiental, con competencias y facultades para conocer los conflictos, resolverlos adecuada y oportunamente.

• Mejoraremos el acceso a la información ambiental y los sistemas de participación ciudadana, de manera de garantizar los derechos de la comunidad y disminuir los altos niveles de conflictividad existentes. Fortaleceremos la educación ambiental y el concepto de desarrollo sustentable en el currículum nacional, para que nuestros niños sean la prenda de garantía de un futuro mejor.

• Desarrollaremos el «IPOM Ambiental», conjunto nacional de indicadores para medir el desempeño ambiental con respecto a objetivos nacionales y a compromisos internacionales, el que será reportado tanto a la comunidad como al Congreso, con el fin de asegurar una adecuada rendición de cuentas de nuestras autoridades ambientales.

• Finalmente, desarrollaremos un sistema de monitoreo continuo de la calidad del aire y del agua. Además, daremos seguimiento a la disposición de residuos líquidos y sólidos domiciliarios e industriales peligrosos, en todas las cuencas ambientales del país, generando un sistema de manejo integrado de esta información, el que estará permanentemente abierto a la comunidad. Esto permitirá establecer con claridad los límites a la actividad humana y preservar de mejor manera nuestros recursos y nuestra tierra, para garantizar un desarrollo sustentable.