Derechos Humanos
Fortalecer los Derechos Humanos
Los derechos de las personas y su reconocimiento cumplen en sistemas sociales y políticos modernos un valioso papel para la integración, en medio de experiencias y realidades diversas. Dicha integración se verifica complementando los planes de vida y objetivos individuales con el compromiso de un sentido público, que estimule la cohesión social y la vida en comunidad. Los derechos, así entendidos, legitiman y son la base del orden político y constitucional.
En este contexto, una política de Estado en materia de protección y promoción de los derechos humanos y fundamentales impone tener presente todas las dimensiones de los derechos, y preocuparse, al menos, de los siguientes aspectos:
- Debe tender a un esfuerzo por fortalecer y ampliar los derechos de las personas, reforzando su consagración normativa e institucional e incluir figuras o dimensiones de ellos no cubiertas institucionalmente, asegurando una sociedad más plural e integrada.
- Reforzar una política para enfrentar las situaciones del pasado orientada por valores de verdad, justicia y reconciliación.
- Corregir o erradicar las trabas, requisitos o normas que impiden la plena vigencia y disfrute de los derechos de las personas.
- Fortalecer las instituciones, acciones, procedimientos y prácticas de tutela y protección de los derechos fundamentales.
- Promover una política de difusión de los Derechos Humanos para un mejor conocimiento y valoración en la sociedad.
- Promover una política de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual u origen étnico o racial, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias contra las minorías.
- Promover una política de inserción en la comunidad internacional.
En lo relativo al pasado y a las violaciones a los Derechos Humanos, la política impulsada por el Estado desde 1990 se ha concentrado, fundamentalmente, en la investigación y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Gobierno Militar. En este contexto, se incorporan la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Mesa de Diálogo, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y los beneficios para exonerados políticos, entre otros esfuerzos.
Si bien la política del Estado ha estado marcada por los objetivos de verdad, reparación y reconciliación, ésta última no ha logrado producir todos sus frutos. Por esa razón, en el próximo Gobierno la política en este aspecto estará orientada por la búsqueda de la verdad y la justicia, pero al mismo tiempo, avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación.
Pero sin duda, uno de los aspectos más relevantes es construir una Agenda del Futuro. Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de derecho internacional que convencionalmente la obliga. La inserción de Chile en el mundo de las relaciones internacionales depara desafíos, decisiones y políticas para lograr una mejor protección de los Derechos Humanos. Por esta razón, el próximo Gobierno se propone avanzar en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas y procedimientos a las exigencias que los Derechos Humanos imponen a los países integrados al sistema internacional de protección. Asimismo, Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada a los Derechos Humanos y a los organismos internacionales. Con este objeto debemos emprender diversas modificaciones de nuestro Código Penal y ajustar la legislación interna al derecho humanitario convencional. También se hace necesario propugnar mayor imparcialidad y transparencia en las designaciones en la Corte Interamericana y en la Comisión de Derechos Humanos.
En el ámbito interno, la necesidad de una institucionalidad permanente en materia de Derechos Humanos se ha visto reflejada en la aprobación que ha hecho el Congreso Nacional del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos. Implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, independencia y eficacia en su acción.
Por otra parte, debe emprenderse también una política clara contra la discriminación y en favor de la igualdad de trato en una sociedad democrática. Al respecto se debe propugnar una mirada más global de este desafío, mediante el reforzamiento y coordinación de todas las políticas públicas que digan relación con la igualdad de oportunidades, en cuanto a prevención de acciones de discriminación. En esta línea, también ocupará nuestra atención un grupo especialmente no considerado hasta ahora como es el de los inmigrantes. En definitiva, los planteamientos se orientarán hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades, evitando factores de discriminación y los ámbitos en que ésta pueda producirse.