Gobierno de Chile

Ciudad, Vivienda y Calidad de Vida

No obstante el aumento de recursos en Vivienda realizado en los últimos años las metas prometidas no se han alcanzado. En efecto, el déficit habitacional persiste. Hay 20.000 familias que siguen viviendo en campamentos, 230.000 familias viven como allegados y 150.000 familias habitan viviendas no recuperables. La vivienda y los espacios públicos urbanos son fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, para lograr una sociedad de seguridades.

Los estudios muestran que sólo la mitad de los subsidios entregados han beneficiado al 40% más pobre de la población; de las 240.000 viviendas prometidas por el actual gobierno para beneficiar al 20% más pobre de la población, sólo 42.000 nuevas viviendas han llegado efectivamente a este grupo.

Otro problema es que se ha privilegiado la cantidad de viviendas por sobre la calidad. Entre los años 1990 y 2006, se construyeron más de 615.000 viviendas de bajo estándar con una superficie entre 18 y 32 m2. Ello ha obligado a otorgar más de 130.000 nuevos subsidios para su ampliación y mejoramiento, lo que ha significado un costo adicional para el Estado de cerca de US$280 millones. Actualmente hay 190.000 familias que viven hacinadas en viviendas de 28 a 30 m2, que no pueden ampliarse.

Si bien se ha avanzado en vialidad urbana, mediante la inversión privada a través del sistema de concesiones, en las principales ciudades del país, nos vemos enfrentados a altos niveles de congestión y contaminación. Necesitamos más infraestructura vial e incentivar un mejor uso de ella.

Otra carencia muy relevante es la pérdida del concepto de barrio y de los espacios públicos, parques, plazas, lugares para la vida comunitaria. Además, fallamos en el resguardo de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Todo ello afecta la calidad de vida, y son problemas que se requiere abordar para lograr una vida más grata y disponer de mayores oportunidades de trabajo, de lugares de esparcimiento y de atracción turística.

Los planes reguladores son de difícil aplicación por su complejidad y poseen altos niveles de rigidez, lo que dificulta adecuarlos y actualizarlos a las necesidades crecientes y dinámicas de la ciudad. Los municipios tienen una excesiva dependencia del MINVU, por lo que se requiere avanzar en tareas de descentralización. Por último, se observan altos grados de descoordinación interministerial, lo que agrava la situación en las grandes ciudades, donde existen varios municipios.

Para poner fin a estos problemas y mejorar la calidad de vida en las ciudades, nuestros compromisos y políticas para alcanzarlos descansan en tres pilares. El primero busca ampliar la entrega de subsidios habitacionales a las familias más vulnerables y mejorar la calidad de sus viviendas. El segundo a lograr una ciudad con más espacios públicos de calidad y un mejor desarrollo urbano y el tercero a desarrollar una planificación urbana más moderna que mejore la participación ciudadana, la descentralización y la incorporación de mayor flexibilidad.

En el primer eje desarrollaremos las siguientes políticas:

• La nueva política de vivienda entregará 600.000 soluciones habitacionales, aumentando su tamaño, calidad y focalización. La política de vivienda también apoyará la ampliación o reparación de viviendas de 150.000 familias que viven en casas obsoletas, muy pequeñas o de bajo estándar de calidad. Se establecerá un mecanismo de evaluación periódica que mida la eficacia de los programas de subsidio, con el fin de facilitar la movilidad social.

• Se adecuará gradualmente la política para mejorar la calidad de las viviendas, las que tendrán un tamaño mínimo de 50 metros cuadrados para la familia promedio, y con capacidad de ampliación según crezca el tamaño de la familia. Asimismo, se creará un Sistema de Control de Calidad de las Viviendas y sus procesos constructivos para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

• Se erradicarán los 533 campamentos aún existentes para lo cual se nombrará a una autoridad responsable, que trabajará en terreno, junto a los pobladores y municipios.

• Se simplificará los sistemas de subsidio y se adecuarán sus montos a los valores reales de construcción. Las familias más vulnerables podrán optar a un subsidio para adquirir viviendas sin deudas de hasta 700 UF, y aquellas familias de sectores bajos y medios con acceso a crédito, podrán optar a un subsidio decreciente para viviendas con un valor entre 700UF y 2.000UF.

• Se creará un seguro para que los beneficiarios de programas habitacionales no pierdan su vivienda ante situaciones de desempleo.

En relación al segundo eje, implementaremos políticas para el desarrollo urbano que permitirán crear más y mejores espacios públicos y resguardar el patrimonio arquitectónico. Se trata de que la política habitacional tenga una visión integral de formación de barrios para satisfacer la demanda habitacional y de vida comunitaria, incluyendo áreas verdes y facilidades deportivas, culturales y recreacionales. Para esto impulsaremos las siguientes iniciativas.

• Trabajando en conjunto con los municipios y la comunidad se crearán 200 plazas en todo Chile, activando y asegurando espacios públicos de calidad.

• Se establecerán incentivos y mecanismos para alianzas público-privadas que permiten a las empresas participar en la construcción espacios públicos urbanos y recuperación de riveras, bordes costeros a lo largo de ríos, lagos y playas.

• Se aumentarán los estándares de áreas verdes y se realizará un programa nacional de forestación urbana, que contempla plantar 16 millones de árboles, es decir, un árbol por cada chileno, con participación de las municipalidades, empresas privadas y las comunidades escolares.

Respecto al tercer eje, las políticas serán las siguientes.

• Se perfeccionarán los instrumentos de planificación para los barrios residenciales, a fin de que éstos mantengan con mayor estabilidad su marco regulatorio por un cierto tiempo, a petición de los vecinos y se fomentará la renovación urbana, de manera de aprovechar la infraestructura de las ciudades.

• Para una mejor planificación urbana se creará una instancia administrativa de coordinación a nivel de áreas metropolitanas, para iniciativas que afecten a la ciudad en su conjunto, facilitando con ello un actuar coordinado entre los municipios involucrados.

Ello requiere perfeccionar la institucionalidad asociada a la política urbana, para lograr una adecuada coordinación interministerial y la descentralización de decisiones públicas, a favor de las regiones y municipios.

• Se simplificará la planificación y la regulación en comunas pequeñas o con pocos habitantes. Se busca una planificación por condiciones en las áreas de extensión urbana y un marco regulatorio especial para áreas rurales.

• Fortaleceremos la participación ciudadana en la planificación urbana, tanto para opinar respecto de las iniciativas que emanan de la autoridad como también para proponer iniciativas ciudadanas.

• Se crearán incentivos adecuados para proteger el patrimonio cultural de nuestras ciudades, barrios y edificaciones de valor y se adecuará la actual institucionalidad adoptándola a las necesidades de esa protección.

• Se perfeccionará la actual institucionalidad de los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, para redefinir competencias con miras a una mayor coordinación y descentralización de sus roles en materias urbanas. Asimismo, en su relación con las responsabilidades que competen a los municipios.

• Se aplicará un sistema de tarificación vial por congestión, para usar esos recursos en mejoras de la infraestructura vial y el transporte urbano y se enviará al Congreso un proyecto de ley sobre aportes viales, que deban soportar los proyectos de edificación.

• Perfeccionaremos el otorgamiento de permisos de edificación y urbanización, a través de la estandarización de formatos, con el fin de establecer un sistema de información electrónico para tramitar y consultar expedientes y permisos otorgados en cualquier municipio, vía internet. Fortaleceremos los mecanismos de fiscalización y supervigilancia, con el fin de hacer efectivos los plazos y procedimientos y cautelar que los permisos se otorguen conforme a derecho.