Gobierno de Chile

Una Infraestructura para el Siglo XXI

Para alcanzar la meta de ser un país desarrollado al año 2018 es fundamental contar con la infraestructura necesaria, esto es proveer de carreteras y caminos, puertos, aeropuertos, embalses, colectores de aguas lluvias, edificios públicos, centros deportivos y culturales, intervenciones en la ciudad, entre otras obras relevantes, con las cuales satisfacer los requerimientos de los diferentes sectores productivos del país y también de los ciudadanos.

La conectividad interna y externa de Chile, y el adecuado desarrollo del resto de su infraestructura, son fundamentales para que el país y sus ciudadanos puedan competir adecuada y eficientemente en un mundo globalizado.

Nuestro país ha realizado un gran esfuerzo en los últimos 15 años para invertir en infraestructura de uso público. Sólo en infraestructura concesionada se han invertido más de US$11.000 millones en más de 51 proyectos, lo que nos puso en la vanguardia al menos a nivel latinoamericano. Nuestro modelo ha sido seguido por muchos países entre los cuales podemos contar a Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Paraguay, etc.; e incluso en sus aspectos financieros, por EE.UU., Canadá, y algunos países europeos.

No obstante, en este momento, estamos debajo de los estándares internacionales de calidad y cantidad de infraestructura que un país como Chile requiere. Las concesiones de obras públicas han perdido dinamismo en los últimos años, no solo porque ya se han hecho las obras más trascendentales, sino porque, desgraciadamente, la visión estratégica del Gobierno ha cambiado. Por una parte, ha privilegiado las obras financiadas directamente por el Ministerio de Obras Públicas y, por otra, no ha contado con una política pública adecuada y transversal para la provisión de infraestructura y de apertura de inversiones concesionadas de segunda y tercera generación.

A raíz de lo anterior, hacia el año 2007 la inversión total en obras públicas había caído un 27% respecto del año 2004 y la inversión por concesiones alcanzaba a menos de un cuarto de la inversión total. El número de proyectos licitados ha sido muy inferior al necesario para el debido cumplimiento de un programa de obras públicas que responda a las necesidades del país. Está pendiente además, avanzar en la solución de temas como la factura única para las concesiones urbanas o la instalación del Tag en las carreteras concesionadas. Tampoco se lograron concretar obras cuyas necesidades están detectadas, como el mejoramiento del estándar de las concesiones vigentes.

La disminución del ritmo de inversión en el área no sólo se explica por una falta de decisión de las autoridades, sino que también por otros factores tales como: la débil capacidad de gestión del Ministerio de Obras Públicas, los plazos excesivos de la tramitación de los actos administrativos, un inadecuado sistema de fiscalización, la falta de una adecuada coordinación tanto al interior de Obras Públicas como entre éste y otros ministerios. Ha influido también –en los últimos años– la incertidumbre en torno al cambio en el marco jurídico que va a regir al sistema.

Chile tiene hoy un déficit de pavimentación urbana que alcanza a 4.600 km. de vías. La inversión requerida para revertir este déficit es de US$1.058 millones. Además, es necesario incrementar la seguridad y calidad del servicio de las vías, proyectos todos ya presentados al MOP desde septiembre del año 2006 y que exigen una inversión de US$800 millones de forma inmediata.

El aumento del parque automotriz, tanto en Santiago, como en las otras regiones del país, está obligando a efectuar inversiones en infraestructura caminera, rotondas, vías elevadas, túneles y elementos subterráneos.

Respecto a los sistemas de aguas lluvias, las inundaciones urbanas son un problema frecuente. La legislación definió responsabilidades sectoriales: el MOP para la red primaria y el Ministerio de la Vivienda (MINVU) para la red secundaria, pero no estableció mecanismos de financiamiento. Existen planes maestros en las ciudades de más de 50 mil habitantes con inversiones de US$2.600 millones en todo el país.

En cuanto a riego, se cuenta con un millón de hectáreas en cultivo bajo riego, pero esto representa sólo el 50% de la superficie cultivable. Nuestro análisis proyecta necesidades de embalses para regar aproximadamente 350 mil nuevas hectáreas. A través del sistema de concesiones sólo se ha logrado –hasta ahora– la construcción del embalse Convento Viejo, con muchos problemas pendientes por resolver.

En el sector sanitario, el 99,8% de la población urbana cuenta con agua potable y el 95,4% con alcantarillado. Sin embargo, la población rural se encuentra rezagada en la cobertura de estos servicios básicos.

Del diagnóstico realizado se deduce la importancia de aumentar la inversión en infraestructura para lograr la competitividad que el desarrollo del país demanda. Prioritario es invertir en vialidad, sobre todo si consideramos que en una década más la tasa de motorización podría aumentar de 180 a 300 autos por cada mil habitantes. Ello exigirá la construcción de terceras y cuartas pistas, de más autopistas urbanas y pavimentación. También será prioritaria la construcción de cárceles, hospitales, estacionamientos en Santiago y regiones, así como edificios públicos.
Para enfrentar este desafío, El Programa de Gobierno contempla cinco ejes.

• En primer lugar, clarificar y potenciar la institucionalidad del Sistema de Concesiones. La pronta promulgación de la reforma a la Ley de Concesiones terminará con la incertidumbre jurídica que ha existido estos últimos cuatro años. Institucionalizaremos la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, con oficinas regionales, que será un organismo autónomo del Estado relacionado con la Presidencia de República a través del MOP. Ello significará una real representación de las regiones y un organismo único para la toma de decisiones, evitándose así, la burocracia y la superposición de roles.Se perfeccionarán los mecanismos de fiscalización y solución de controversias, y se fortalecerán los equipos jurídicos encargados de velar por los intereses del Fisco en los contratos de concesión.
• En segundo lugar se extenderá la industria de las concesiones a otros sectores, como la construcción y operación de hospitales y establecimientos educacionales, además del transporte público, parques, plazas, centros de turismo, de deportes, de cultura y recreación, entre otros. Lo anterior tiene por objetivo proyectar las concesiones a elementos propios del ámbito urbano.
• El tercer eje está dirigido a aumentar la inversión en infraestructura de aguas lluvias. Actualmente en la Región Metropolitana se han construido redes troncales para evacuar las aguas lluvias de las zonas precordilleranas. Falta conectarlas a las redes secundarias, y legislar para definir cómo y quién operará estas redes y cómo se cobrará este servicio al usuario. Con tal fin se propone realizar una reforma para incorporar financiamiento privado por la vía de la Ley de Concesiones.
• El cuarto eje será impulsar obras de riego que permitan expandir sustancialmente la superficie regable y aumentar la seguridad de disponibilidad de riego, tales como embalses y canales, también a través de la Ley de Concesiones. Para facilitar estas inversiones se propone incorporar en los contratos de concesión la prestación de servicios complementarios en forma opcional a la operación de embalse de riego, ya sea para el abastecimiento de agua potable o para la generación de energía hidroeléctrica.
• El quinto eje se relaciona con la inversión en nuevas obras sanitarias, para que las ciudades mantengan o alcancen un nivel comparable al de países desarrollados. Especial preocupación debe representar el tratamiento de las aguas servidas y de los desechos industriales, tanto líquidos como sólidos, para lo cual ha sido y será significativo el aporte de las empresas privadas. En el sector rural se requerirá llegar con agua potable a lugares alejados, lo que demandará una inversión de US$200 millones en el período.