[ARCHIVO] Política Pública de Reinserción Social 2017: la privación de libertad no debe sinónimo de privación de dignidad
Existen diversos diagnósticos que respaldan la necesidad de perfeccionar y fortalecer el sistema de reinserción social en nuestro sistema penitenciario.
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha establecido lineamientos claros con este propósito: para reducir la reincidencia debemos trabajar de una manera consistente, comprometida y en colaboración por una mejor integración a la sociedad de las personas que han cumplido penas. Con esto, aseguramos una reinserción eficaz y mejores estrategias de prevención de futuros delitos.
Con este objetivo y gracias al trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a diversos colaboradores públicos, privados y de la sociedad civil, se creó la Política Pública de Reinserción Social 2017.
¿Qué es la Reinserción Social?
Es la integración plena a la sociedad de una persona que ha infringido la ley. Para lograrlo, es necesario una política intersectorial, altamente especializada capaz de hacer dialogar los intereses y objetivos del sistema de justicia criminal, los de la sociedad civil y los de seguridad pública.
La Política Pública de Reinserción social se centra en la población penal adulta. ¿La razón? Tras la entrada en vigencia de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Ley nº20.084 2007), el Estado de Chile adecuó su normativa a los estándares internacionales y también, en marzo del 2017, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El documento pone énfasis en que todas las medidas y acciones de esta Política, deben realizarse bajo un respeto irrestricto de los DD.HH de las personas condenadas, contar con una mirada de género y ser producto de un proceso participativo entre los diversos actores involucrados. Además describe las condiciones que deben verificarse para que esta política sea exitosa:
- Un sistema de gobernanza moderno que permita la adecuada interacción entre los participantes, ya sean entidades públicas o privadas.
- Revelar la importancia de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación periódicos y considerar aquellos aspectos que requieren financiamiento por instituciones públicas.
Lanzamos la 1° Política Pública de #ReinserciónSocial, que aborda la legítima demanda por seguridad a través de la herramienta más eficaz: disminuir la reincidencia en el delito a través de educación, trabajo y formación valórica → https://t.co/6QURyZV0bJ pic.twitter.com/QT3RQC2Pmb
— Min. Justicia y DDHH (@MinjuDDHH) 1 de diciembre de 2017
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