Jefa de Estado: “Reconstruir nuestras confianzas como sociedad es necesario y urgente para la salud de nuestra democracia y la vitalidad de nuestro desarrollo”

En una ceremonia que se realizó en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entregó esta mañana el informe de cumplimiento de las medidas administrativas de la agenda para la Transparencia y Probidad, que se anunció este lunes.

La máxima autoridad del país comenzó su intervención enfatizando que “reconstruir nuestras confianzas como sociedad es una condición necesaria y urgente para la salud de nuestra democracia y la vitalidad de nuestro desarrollo”. En esta línea, remarcó que “un elemento básico y clave es aumentar la transparencia y la probidad en nuestro sistema político, pero también de nuestra institucionalidad pública”.

Asimismo, la Jefa de Estado anunció que “estamos dando cumplimiento al plazo contemplado para dar curso a los instructivos presidenciales que propusimos, a las medidas administrativas, mientras estamos trabajando en los proyectos de ley que vamos a enviar al Parlamento o las mociones refundidas, o los mensajes o algunas indicaciones para complementar lo que ya está en el Parlamento”.

Las medidas administrativas presentadas no requieren trámite legislativo, por lo que es posible impulsarlas a través de la decisión presidencial y la gestión ministerial. Comprometen específicamente a los ministerios de Educación, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda y Justicia, así como a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y al Servel.

En la oportunidad, se firmó la modificación al reglamento de la Ley de Concesiones, que busca mejorar el sistema para fomentar el desarrollo de iniciativas privadas, pero que también transparenta y aumenta los procedimientos e incentivos para quienes presenten y desarrollen ideas de iniciativas privadas. La Mandataria también firmará un oficio solicitando la elaboración de directrices que orienten los códigos de ética de los distintos servicios públicos a la instancia encargada de la implementación de la Convención contra la Corrupción de la Naciones Unidas, encabezada por la Contraloría General de la República.

Las medidas administrativas comprometidas se agrupan en tres grandes áreas. La primera de ellas apunta a la formación de una cultura cívica responsable de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ya se requirió formalmente a la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc discutir la incorporación de la formación ciudadana en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, como uno de los temas centrales de la mesa técnica que va a generar recomendaciones para una Política Nacional de Desarrollo Curricular. También, se formalizó el requerimiento a la División de Educación General para que se implemente un programa especial de capacitación y formación ciudadana para docentes de 500 establecimientos públicos en convenio con universidades públicas durante el segundo semestre de este año.

Una segunda área dice relación con la profundización de la probidad y responsabilidad, tanto para actores públicos como privados. Para ello, se solicitó a la OCDE un estudio que permita evaluar la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y se encuentra elaborada la Guía de Recomendaciones para el Sector Público que será enviada hoy a los diferentes ministerios y servicios.

Un tercer eje contempla nueve medidas que buscan profundizar la transparencia de actos de la administración. En este ámbito, se firmó el reglamento que perfecciona la Normativa de Compras Públicas y el decreto que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en materia de uso de suelos para dar publicidad a los instrumentos de planificación territorial, transparentando la información y evitando, así, que sólo accedan a ella unos pocos.

Además, se encuentra publicado en la página de la Secretaría General de la Presidencia el estado de avance del Instructivo Presidencial sobre Declaración de Patrimonio e Intereses; y en el sitio www.leylobby.gob.cl está la lista de los lobbistas registrados y el código de buenas prácticas para su quehacer. El Servel, por su parte, tiene disponible en su página el Catálogo de Inhabilidades e Incompatibilidades para Cargos de Elección Popular y se ha instruido darle a este documento la mayor difusión posible.

Entre hoy y mañana, serán despachados los oficios que entregan pauta a los municipios para el adecuado uso de los recursos municipales y el que establece la obligatoriedad de que los concursos públicos de la administración central se publiquen a través del Portal Empleos Públicos. De esta forma, se habrán concluido dentro del plazo todos los procesos administrativos que impulsan estas acciones o la puesta en marcha de ellos.

La Jefa de Estado afirmó que así como se ha cumplido con estas 14 medidas administrativas dentro del calendario propuesto, también se hará con las medidas legislativas que deben acogerse a trámite parlamentario dentro del plazo de 45 días. “Voy a hacer realidad lo propuesto en la Agenda con mucha decisión, porque sabemos que las malas prácticas no sólo dañan a las personas y lesionan la dignidad del quehacer político y empresarial, sino que dañan la fe pública y la legitimidad de nuestro pacto social”, subrayó.

Al finalizar su intervención, la Presidenta de la República destacó que “Chile merece ser un territorio de buenas prácticas. Tenemos que honrar nuestra historia republicana, fortaleciendo nuestras instituciones y nuestras normas, fomentando la rendición de cuentas y la participación y el control ciudadano así como asegurando que quienes se aparten de lo ético y lo legal reciban las sanciones correspondientes”.

Sitio web

Con el fin de dar a conocer el detalle de cada una de las medidas y su estado de cumplimiento, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia lanzó el portal agendadeprobidad.gob.cl

En este se encuentran todas las iniciativas que componen la Agenda de Probidad, agrupadas bajo la categoría de “administrativas” o “legales” y especificando su pertinencia en el área de los negocios o la política.