Ministra de BBNN: “Este año hemos recibido 281 denuncias que incluyen falta de acceso a playas, impedimento u obstaculización de ingreso, y cobro de estacionamientos”

El 2022 ha sido un año de intenso trabajo para la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien ha recorrido todo el país para cumplir con el mandato de nuestro Gobierno de estar cerca y escuchar las demandas de la población.

En ese sentido, una de tareas que ha impulsado con especial énfasis es lograr que los chilenos tengan acceso libre a las playas, y mejorar los mecanismos de fiscalización para quienes infringen las normas.

La ministra explica además, que otro de sus compromisos será lograr poner a disposición terrenos del Estado que sean aptos, bien ubicados y conectados, para la construcción de viviendas sociales, además de cumplir con la meta de reconocer al menos un sitio de memoria por región durante este periodo de Gobierno.

- Un eterno problema que tienen muchos chilenos es el acceso a playas, muchos de los cuales son bloqueados por privados…

- Primero, es importante decir que nadie es dueño de la playa. Ríos, lagos y mar son bienes nacionales de uso público, es decir, son de todas y todos los chilenos. Por ello, la ley contempla un mecanismo para garantizar el acceso a las playas, que permite el disfrute y diversos usos de estos cuerpos de agua que son comunes. En Chile hay 954 playas de mar, lagos y ríos, y muchas requieren que la autoridad fije accesos, debido a que no tienen accesos abiertos y las únicas vías posibles son a través de terrenos privados. Actualmente, hay 56 accesos que han sido fijados y otros 25 accesos que están en revisión.

- ¿Qué hacer si la playa no tiene acceso público?

Cuando una playa no tiene acceso público, se debe hacer la denuncia ante el Ministerio de Bienes Nacionales y pueden pasar dos cosas. Si existe un acceso fijado y el propietario del terreno colindante no lo permite o lo dificulta, se arriesga a multas y el Delegado Presidencial puede hacer uso de la fuerza pública para reabrir el acceso. En cambio, si la playa no tiene ningún tipo de acceso, se inicia un procedimiento de fijación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y la delegación presidencial. Siempre el primer paso va a ser dialogar con los propietarios y esperamos su colaboración. Porque el privilegio de tener un terreno al borde de la playa tiene como contrapartida una función social.

- ¿Cuáles son las regiones con mayores denuncias?

- Las regiones con más denuncias son Coquimbo, Valparaíso y Biobío.

- ¿Qué medidas se están tomando para enfrentar esta situación, tomando en cuenta que cada vez va quedando menos para el periodo estival?

Estamos trabajando para robustecer nuestras capacidades de fiscalización, de manera de enfrentar con mayor fuerza a quienes abusan de bienes que son públicos. De hecho, para el año 2023, el Presidente Boric aumentó nuestro presupuesto de fiscalización. La verdad es que históricamente se han aplicado muy pocas multas, y, por lo tanto, queremos apuntar nuestros esfuerzos en corregir eso.

Es importante recalcar que estamos enfrentando este tema de manera integral, porque el borde costero, que es un territorio estratégico, no tiene solo un uso turístico, sino que también hay usos deportivos, usos productivos y tradicionales, como lo es la pesca y la recolección de orilla. Por eso, hemos ido conformando mesas de trabajo, como la que ya se instaló en la Región de O’Higgins, donde se articulan las miradas de todos los actores involucrados en este tema: municipios, pescadores, ministerios, privados, recolectores, representantes del turismo y la Armada, entre otros.

- ¿Cuál es el consejo para quienes se enfrenten a problemas con el acceso a playas?

Que denuncien por las vías correspondientes. Se puede hacer online en la página web playas.mbienes.cl; también de forma presencial en cualquier Secretaría Regional Ministerial (Seremi) u Oficina Provincial de Bienes Nacionales. Otra opción es la Delegación Presidencial Regional o municipalidades, quienes luego derivan el caso al ministerio de Bienes Nacionales.

Es necesario recopilar la mayor cantidad de datos posibles: tener claro el lugar donde ocurre el hecho, idealmente con fotografías del sitio y, además, es muy importante que la persona que denuncia entregue sus datos de contacto.

Los casos en que se puede denunciar son cuando una playa no tiene ningún tipo de acceso; cuando un acceso ya fijado está cerrado; y cuando un tercero impide, controla o cobra por el acceso a la playa.

- ¿Maneja cifras de cuántas denuncias se ingresan por este tipo de situaciones?

Este año –hasta la segunda semana de septiembre– hemos recibido 281 denuncias, que incluyen casos como falta de acceso a playas, impedimento u obstaculización de ingreso por un acceso ya fijado, y también cobro de estacionamientos. El año 2021 se registraron 357 denuncias; el 2020, 699; y el 2019 fueron 1.789, impulsado por un caso de alta connotación pública, como fue el conocido como el caso Gasco.

- Otro tema que ha dado que hablar este año son las llamadas “tomas vip” en terrenos fiscales de zonas costeras. ¿Cómo se está enfrentando esta problemática?

Es importante entender que el fenómeno de las ocupaciones ilegales es complejo y multifactorial, como también es necesario precisar que se da tanto en terrenos fiscales como privados. Nosotros siempre fiscalizamos caso a caso y, según la situación, definimos la respuesta adecuada. Cuando estamos hablando de ocupaciones que tienen que ver con la crisis habitacional, de personas a las que el Estado no les ha dado otra solución a su necesidad, la respuesta es el Plan de Emergencia Habitacional y ahí trabajamos estrechamente con el Minvu. Esos son casos muy distintos de quienes se toman terrenos para segunda vivienda, o de quienes son verdaderos traficantes de terrenos, que estafan vendiendo terrenos que le pertenecen al fisco y, por lo tanto, los afectados no están realmente adquiriendo la propiedad.

En el caso de las ocupaciones en zonas costeras, mayoritariamente hemos visto que responden a segundas viviendas o “tomas vip”, como se han llamado, una situación que no tiene nada que ver con una necesidad habitacional, sino que más bien con un privilegio, usando en muchos casos de manera ilegal el territorio fiscal que nos pertenece a todos y todas, para un beneficio personal.

Estamos preocupados y abocados a este tema. Como Estado, estamos haciendo un trabajo coordinado, con las delegaciones presidenciales, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien ya nos hemos reunido para definir un plan de acción, y con las policías.

- Sin embargo, tal como usted lo decía, hay otra realidad, la de familias vulnerables que muchas veces necesitan de un terreno para poder instalar su vivienda o simplemente regularizar…

En Chile hay una grave crisis habitacional y, en ese contexto, muchas familias se han tomado terrenos para construir sus casas, ante la falta o la excesiva demora del Estado para responder a su necesidad básica de una vivienda. Con esto no quiero decir que avalamos las ocupaciones ilegales de territorio cuando se trata de viviendas de primera necesidad, de hecho, pero sí quiero poner el acento en que esta es una realidad compleja y, por eso, el Presidente Boric y el ministro Montes anunciaron el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), precisamente para buscar y dar soluciones a miles de familias.

Desde Bienes Nacionales estamos trabajando intensamente junto al Ministerio de Vivienda para poner a disposición terrenos fiscales para la instalación de campamentos de emergencia y la construcción de viviendas sociales. Frente a este desafío nacional, hemos hecho, además, un llamado a todas las instituciones públicas a aportar terrenos que estén siendo subutilizados. En ese sentido, por ejemplo, estamos teniendo un buen diálogo con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

- En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega Bienes Nacionales en el Plan de Emergencia Habitacional?

Tenemos la tarea de buscar y poner a disposición los terrenos del Estado que sean más aptos, mejor ubicados y bien conectados, para la construcción de viviendas sociales, de viviendas dignas, y de equipamiento, como escuelas y centros de salud.

Para eso, estos meses, desde que se anunció el PEH, hemos estado trabajando estrechamente con el MINVU para agilizar la construcción en terrenos que son fiscales y que los proyectos no se sigan retrasando en trámites administrativos. Y, como señalaba, también estamos conversando y trabajando con distintos organismos del Estado, como las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, junto a las ministras de Defensa e Interior.

- Otro de los focos de su gestión ha sido recuperar los sitios de memoria ¿Por qué resulta tan importante su puesta en valor y cuáles son los proyectos más emblemáticos?

Para nuestro Gobierno es fundamental avanzar en los temas pendientes en materia de DDHH, para hacernos cargo de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y ese es el mandato que nos ha dado el presidente Boric. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante el anuncio que han hecho la Ministra de Justicia y la Subsecretaria de DDHH de un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas.

Desde nuestro ministerio, podemos colaborar, en particular, en materia de memoria, que es una de las más importantes garantías de no repetición. Como ministerio del territorio, podemos visibilizar que las violaciones a los derechos humanos han ocurrido en lugares concretos y a lo largo de todo el país.

La memoria no es un reconocimiento para la reparación a sobrevivientes y familiares, sino también una deuda del Estado con la sociedad, con las futuras generaciones, para que todo el país conozca estos hechos y no vuelvan a ocurrir.

Por eso, tenemos la meta de reconocer al menos un sitio de memoria por región durante nuestro periodo de Gobierno. Es algo que estamos trabajando de manera muy unida con los demás organismos del Estado que tienen competencias sobre esta materia.