Proyecto de ley que crea Superintendencia de Telecomunicaciones
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de Ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones, nueva institucionalidad fiscalizadora con más atribuciones. La iniciativa fue enviada al Congreso Nacional para iniciar su debate y tramitación.
¿Por qué era necesaria esta nueva institucionalidad fiscalizadora?
En Chile hay más celulares que personas. Este es solo uno de los datos que hacen de la Industria de Telecomunicaciones el mercado con más usuarios de Chile, presente en el 98% de los hogares y con 30 millones de servicios activos entre Telefonía, Internet y Televisión. Prácticamente todos los habitantes del país son, también, usuarios de uno o más servicios de telecomunicaciones.
Para asegurar una fiscalización más profunda, que permita cautelar los derechos de los consumidores y solucionar de forma oportuna los problemas no resueltos entre usuarios y empresas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de Ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones, un servicio público funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El proyecto de Ley de Superintendencia del Gobierno apunta a crear una institución pública moderna y flexible, preparada para fiscalizar las telecomunicaciones del siglo XXI en un entorno de evolución y convergencia tecnológica.
Hasta hoy, el modelo de fiscalización del mercado de las telecomunicaciones en Chile es básicamente reactivo, en respuesta a denuncias, reclamos o solicitudes de los usuarios, o de otras autoridades y concesionarios.
¿Qué cambios contempla esta superintendencia?
La nueva Superintendencia está diseñada para un rol fiscalizador proactivo del Estado, donde las herramientas de control y sanción sean tareas desplegadas con neutralidad, imparcialidad y calidad técnica, brindando transparencia y certeza a los inversionistas y consumidores.
De esta forma se orientará su labor a responder a las exigencias de los usuarios, al desarrollo de la industria y a la competitividad del sector, trabajando en un entorno de confianza y de riguroso respeto por la normativa sectorial.
Desde un punto de vista práctico, la Superintendencia de Telecomunicaciones concentrará, ampliará y perfeccionará las actuales labores de control y sanción que ejerce la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero con mayor especialización, evitando que la definición de políticas públicas y dictación de normativas propias también de la competencia regulatoria de la SUBTEL, resten prioridad a su rol fiscalizador.
De esta forma, se separarán en dos organismos distintos los roles públicos normativos y de promoción de la Industria por una parte -que seguirán en el ámbito legal de la SUBTEL- de la acción fiscalizadora del mercado y que asumirá en forma exclusiva la Superintendencia.
Entre los cambios que se contemplan está aumentar en mil por ciento las actuales multas máximas que se pueden aplicar legalmente a las empresas, cuando transgredan la normativa sectorial.
¿Cuáles serán las competencias básicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones?
- La fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, su sanción administrativa.
- Participar en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones. A la Superintendencia le corresponderá elaborar el informe técnico previo y necesario para la entrega de las concesiones, y entregará por sí misma los permisos y licencias.
- Velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico según la normativa sectorial.
- Conducir los procedimientos para la fijación de las tarifas en los servicios de telecomunicaciones que aún están afectos a ellas, distinguiendo las específicas tareas vinculadas a la política sectorial en materia tarifaria, que se mantienen en los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Turismo; de las tareas de administración y aplicación de los criterios que la normativa sectorial establece para la fijación de las tarifas.
- La recolección de la información relevante del sector telecomunicaciones.