Gobierno de Chile

El Gobierno del Presidente Piñera ha planteado el desafío de derrotar definitivamente la pobreza en nuestro país. Para ello, es fundamental el desarrollo integral de cada una de las regiones y la igualdad de oportunidades para sus habitantes.

El crecimiento que ha experimentado Chile en las últimas décadas ha producido un evidente progreso en Santiago y en algunas ciudades capitales de región, sin alcanzar un desarrollo armónico para el resto del país y sus regiones, con localidades aisladas y un avance muy inferior al promedio. De no corregirse dicha situación, se hará difícil alcanzar el ansiado nivel de país desarrollado. Por ello, debemos fortalecer nuestro proceso de descentralización en base a dos ejes: el primero, una impostergable transferencia de poder de toma de decisiones a los distintos Gobiernos Regionales, lo cual implica no sólo la entrega de atribuciones, funciones y facultades que hoy son de responsabilidad exclusiva del gobierno central sino, además, que las decisiones de inversión pública se resuelvan autónomamente en los Gobiernos Regionales y que dicha inversión de decisión regional sea superior al 50% del total de inversión pública. El segundo eje es el empoderamiento de la comunidad local, considerando que son los habitantes quienes mejor conocen sus propias necesidades; por ello debemos potenciar la democracia local al elegir directamente a los Consejeros Regionales, quienes tienen la responsabilidad de definir las estrategias locales de desarrollo y la inversión pública regional.

Así, hemos impulsado una apropiada agenda descentralizadora para avanzar en dicha estrategia, la cual se ha estado cumpliendo a paso firme en este Gobierno. A la fecha ya se han anunciado y comenzado a implementar los planes de desarrollo para cada una de las regiones del país, con plazos y metas determinadas y recursos de inversión pública y privada inéditos. Los montos de los programas de inversión de los Gobiernos Regionales pasaron de 552 a 845 mil millones de pesos entre el 2010 y 2011, es decir, un aumento de 53%. Entre dichos planes regionales hemos priorizado los de las zonas más alejadas de la capital y, en consecuencia, la mayor inversión per cápita se radica en las regiones de Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota. Asimismo, se han aumentado sustancialmente los recursos para los municipios, priorizando la asignación hacia los de menores ingresos y con mejores niveles de gestión y menor riesgo.

Hoy nos acercamos definitivamente hacia nuestro anhelo de un Chile más descentralizado, con el envío al Congreso de dos significativas reformas legales. En primer lugar, el proyecto de ley que establece la elección directa de los Consejeros Regionales: el que los miembros del Consejo Regional, encargados de fiscalizar y de tomar decisiones de inversión en la región respectiva, pasen a ser elegidos directamente por la ciudadanía, fortalece la democracia y la participación en el desarrollo local. En segundo lugar, firmaremos las indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional para, entre otras reformas, a) dotar de mayores atribuciones al Gobierno Regional, estableciendo un sistema formal de traspaso de competencias en lo relativo a implementación de planes y programas de desarrollo regional, coordinación de servicios públicos, fomento productivo, social y cultural, entre otros; b) separar funciones entre el Presidente del Consejo Regional y el Intendente; c) crear la figura del Administrador Regional; d) definir que el Secretario Ejecutivo del Consejo y los Jefes de División sean elegidos por el sistema de ADP.

Nuestro Gobierno confía en que esta serie de medidas generarán las condiciones para que cada una de las regiones de Chile sea un motor de crecimiento y progreso y, de esta manera, todos los chilenos puedan ser, desde su propio lugar de residencia, actores relevantes en el avance del país hacia el desarrollo.

Columna publicada en La Tercera