Gobierno de Chile

La descentralización en Chile es un compromiso ineludible. Un desafío enorme, producto de la responsabilidad que conlleva transferir poder desde el nivel central a cada una de las regiones.

Este nuevo marco institucional, que potencia la descentralización basándose tanto en las reformas constitucionales del año 2009 como en nuestro programa de gobierno, toma como elemento central la transferencia de nuevas competencias a los gobiernos regionales, aumentando progresivamente las decisiones en políticas, inversión regional y administración de nuevos recursos que estos organismos deben asumir.

Para poder hacer efectivo lo anterior, se ha concebido un conjunto de medidas que se expresan en dos proyectos de ley que modifican de manera sustantiva la institucionalidad regional, los que serán enviados por el Presidente Sebastián Piñera al Congreso.

Un primer proyecto propone un modelo de transferencia de competencias y atribuciones para los gobiernos regionales, lo que permitirá avanzar en el proceso de descentralización de una forma más ágil y expedita. Junto con ello, para mejorar la gestión del gobierno regional, se propone la creación de la figura del administrador regional, cuyo rol principal será coordinar las acciones del servicio administrativo del gobierno regional -con el fin de mejorar la eficiencia de la ejecución de recursos- y liderar los procesos de planificación territorial. También, se institucionaliza la División de Planificación y Desarrollo Regional, asumiendo, entre otras, las funciones de planificación que anteriormente correspondían a Mideplan.

La propuesta del Gobierno es un modelo inédito en Chile, que incorpora elementos de flexibilidad en la organización del gobierno regional, pudiendo éste ampliar su estructura administrativa según las nuevas funciones que vaya asumiendo. El rediseño institucional permitirá incorporar el Sistema de Alta Dirección Pública para la selección de los funcionarios que ejercerán las jefaturas, con el objetivo de que lleguen los mejores.

Una de las principales demandas de la institucionalidad regional es que los compromisos financieros que se contraigan entre el nivel central y los gobiernos regionales sean cumplidos. Es por ello que se regula el cumplimiento obligatorio en los convenios de programación, incorporándose también a las municipalidades en estos convenios. Asimismo, se fortalece la descentralización fiscal al agregar nuevos instrumentos financieros, que establecen acuerdos de inversión plurianuales entre los gobiernos regionales y los municipios de la región. A su vez, se suman instrumentos de planificación que son de suyo relevantes, como la elaboración y aprobación de los planes regionales de ordenamiento territorial, los que permitirán mejorar los procesos de decisión sobre la asignación de recursos financieros coordinándose con el resto de la institucionalidad pública.

Un segundo proyecto es el de la elección directa de los consejeros regionales. Este importante cambio, que profundiza la democracia, permitirá dar una mayor legitimidad a los gobiernos regionales, ya que tendrán respaldo de la ciudadanía y serán una fuente de reflexión, discusión y trabajo para fortalecer la identidad y el desarrollo de las regiones. Además la elección directa de consejeros va a crear una nueva fuente de liderazgos regionales, lo que va a repercutir en una mejor calidad de la democracia y en un fortalecimiento de los gobiernos regionales.

La presidencia del Consejo Regional corresponderá a un consejero regional elegido por la mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, quien podrá permanecer en el cargo cuatro años.

Con las propuestas de cambio plasmadas en ambos proyectos de ley, estamos en presencia de las más profundas reformas a los gobiernos regionales desde su creación en el año 1992. Se trata, a su vez, de una prueba concreta de la voluntad del Gobierno por avanzar hacia un Chile más descentralizado, con mayor autonomía, mayores competencias y recursos para los gobiernos regionales, pero, asimismo, con mayor participación ciudadana, transparencia y control. Estamos transfiriendo poder efectivo a las regiones, porque creemos que un Chile descentralizado es un Chile más equitativo, y es la única forma de enfrentar con efectividad las desigualdades sociales y territoriales que se arrastran por décadas en nuestro país. Se trata de un desafío complejo, que requiere generar voluntades y acuerdos de muchos actores.

No es sólo una tarea de gobierno. Por eso, para que estos proyectos se conviertan en una realidad, se requerirá del compromiso activo de legisladores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía.

Columna publicada en El Mercurio