Gobierno de Chile

Si el año del Bicentenario estuvo marcado por el terremoto, la reactivación económica y el rescate de los mineros, el 2011 será recordado como el año de las reformas sociales, entre ellas el posnatal, la reducción gradual del 7%, la reforma educacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ingreso Ético Familiar.

El 2011 comenzó con un acuerdo histórico para una reforma educacional que nos permite volver a mirar con optimismo el desafío de construir una sociedad donde el esfuerzo, y no la injusticia de los privilegios determinados por el azar, decide nuestro futuro. Debemos seguir construyendo acuerdos, y lo ocurrido en enero nos permite ser optimistas. Demuestra que al final del día aparece lo mejor de nuestra clase política: pensar en el bienestar nacional de largo plazo al momento de ejercer el voto.

En lo que respecta a Mideplan, la primera reforma es la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Mideplan tiene una épica fundacional trascendente, pero en las últimas décadas ha pasado por momentos de alta marginación. Más allá de la creación de una segunda subsecretaría, que permite separar el papel de ejecución con el de evaluación, esta reforma institucional vuelve a darle a Mideplan las herramientas de coordinación que alguna vez tuvo. Pero la creación del Ministerio de Desarrollo Social no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la política social logre el objetivo de construir una sociedad más justa. Es aquí donde seguimos en deuda con los sectores más marginados de nuestro país.

Hace una década creamos Chile Solidario con el objetivo explícito de terminar con la pobreza extrema, pero sus resultados no han sido los esperados. Diversas evaluaciones han mostrado bajo o nulo impacto en pobreza, y sin embargo el programa sigue operando sin importantes modificaciones. Al comenzar Chile Solidario 850 mil chilenos vivían en pobreza extrema. Hoy todavía 700 mil chilenos se mantienen en esa condición y viven con la angustia de no alcanzar a reunir lo necesario para cubrir la canasta básica alimentaria.

La segunda reforma encargada por el Presidente de la República a Mideplan, conocida como Ingreso Ético Familiar, busca hacerse cargo de esta deuda social. En lo que respecta a la convicción de erradicar la pobreza extrema, no somos los primeros en plantear este desafío, lo que nos permite ser optimistas frente a la posibilidad de construir acuerdos transversales. Tanto el ex Presidente Lagos como la ex Presidenta Bachelet plantearon como objetivos de sus períodos el terminar con la pobreza extrema.

Si queremos lograr este desafío no podemos seguir haciendo más de lo mismo. En pocos días más comienza la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que consiste en implementar una fórmula que ha tenido éxito en México y Brasil, y que se conoce como Transferencias Condicionadas. Con esto se busca dar respuesta a medio millón de chilenos que participan de Chile Solidario y que no han logrado salir de la pobreza extrema. Las Transferencias Condicionadas tienen la virtud de introducir una dimensión de co-responsabilidad entre la familia y el Estado. El monto de la transferencia depende del comportamiento de la familia, y en esta primera etapa las condicionantes tienen como objetivo principal el reducir la deserción escolar de los jóvenes, cifra que supera el 10% para esta población, y que en la práctica significa firmar una cadena perpetua en pobreza. En concreto, la transferencia se realiza sólo si se demuestra una asistencia escolar superior al 85%, lo requerido para pasar de curso. Un segundo objetivo es dar una señal a favor de la inserción laboral de la mujer, y por lo tanto existe un suplemento para las mujeres que logran dar este paso.

La segunda etapa del Ingreso Ético Familiar corresponde al proyecto de ley que enviará el Ejecutivo durante el primer semestre al Congreso, proyecto que busca complementar el Sistema de Protección Social con distintos elementos de Promoción Social. Algunos han preguntado por qué no se ha compartido el proyecto antes de enviarlo al Congreso. El espacio de discusión siempre ha estado abierto, y de hecho existe un panel de expertos que nos acompaña en este proceso, pero el espacio más idóneo para la discusión pública es precisamente el Congreso.

Hagamos del 2011 el año de las reformas sociales. Eliminar la pobreza extrema no es misión exclusiva de un ministerio, ni de un gobierno. La pobreza es la cara más evidente de la persistente injusticia social en nuestro país, y más de tres millones de compatriotas la sufren a diario. Hace ya mucho tiempo que los pobres no pueden esperar. En gran parte, para que eso cambie, depende que no sigamos esperando nosotros.

Columna publicada en El Mercurio