Como parte del compromiso del Gobierno para fortalecer la transparencia y la probidad de la función pública, este viernes la Ministra Secretaria General de la Presidencia (s), Patricia Silva, dio inicio a la implementación de la tercera etapa de la ley del lobby en todos los municipios de Chile.
La autoridad gubernamental llegó hasta la comuna de la Reina, —municipio calificado como número uno en el cumplimiento de las normativas de transparencia de acuerdo a la evaluación que realiza el Consejo de Transparencia—, para dar luz verde a esta iniciativa junto al alcalde Raúl Donckaster; el consejero del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago; el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del ministerio, Rodrigo Mora; representantes del Gobierno Regional, concejales y concejalas y representantes de organizaciones sociales de la comuna.
En la oportunidad, la ministra (s) Silva, manifestó que chilenos y chilenas “demandan elevar significativamente los estándares de integridad y transparencia de la actividad pública como condición esencial para renovar la confianza en las autoridades e instituciones del Estado”. En ese sentido llamó a las autoridades comunales a asumir las tareas que emanan de esta ley que está llamada –dijo- a marcar un antes y un después en la actividad pública.
A partir de esta última fase de la implementación de la ley del lobby, todas las autoridades, nacionales, regionales y comunales estarán obligadas a registrar y publicar sus audiencias, viajes y donativos.
Esta normativa contiene dos valores que son fundamentales para la calidad de la democracia, sostuvo la autoridad del Ministerio. “Primero, le permitirá a la ciudadanía contar con información oportuna y de calidad para ejercer un sano y necesario control social sobre el actuar de las autoridades; y segundo, democratizará el acceso a las autoridades públicas por medio de un formulario único de solicitud de audiencia, hecho de gran importancia pues con este simple instrumento no serán necesarias las redes de contacto o de parentesco para ejercer el legítimo derecho a ser escuchado”.
Actualmente 270 instituciones públicas están trabajando con el sistema tecnológico creado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, plataforma que ya tiene registradas más de 7 mil autoridades (o sujetos pasivos) número que desde ahora, con la inclusión de los municipios, aumentará considerablemente.