10 DE MARZO DE 2015

Conoce cómo funcionará el Consejo Asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción

Realizará sus propuestas recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial y escuchando a la ciudadanía, expertos y organismos internacionales mediante audiencias, para entregar su informe en un máximo de 45 días.

La creación del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción responde al compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de tomar medidas institucionales que regulen las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.

15 personas de reconocida e intachable trayectoria pública y privada, diversos en sus pensamientos y especialidades, además de un equipo de Secretaría Ejecutiva serán los integrantes de esta comisión. Este grupo de trabajo contará con plena autonomía para desplegar su función, la que desarrollará en La Moneda, para resaltar la importancia de su trabajo.

Estos son los integrantes del Consejo Asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción

Objetivos del Consejo

El Consejo Asesor buscará perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico con el fin de que:

  • Ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos;
  • Los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero;
  • El abuso de poder no sea más una práctica
  • Los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares.

Acciones del Consejo

  • Proponer medidas en el plano administrativo, legal y ético, de aplicación inmediata y de mediano plazo, para el ámbito público y privado, así como para las relaciones entre ellos, con el fin de hacer la legislación existente más efectiva y dotar a las instituciones de poder real para hacer valer sus controles y sanciones.
  • Definirá las sanciones a aquellos que han accedido a cargos de representación popular mediante prácticas ilegítimas y las inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de esos cargos -o del servicio público en general-, tanto a nivel central como en los gobiernos locales; y mecanismos accesibles y eficaces de defensoría a los ciudadanos contra los actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles.
  • Elaborará un estricto código de prácticas y criterios éticos, que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público, más allá de sus tipificaciones y sanciones legales, el cual se buscará que forme parte de los programas educacionales, especialmente en la educación superior. Esto, con el fin de desarrollar una cultura y una ética de la transparencia.

El Consejo realizará sus propuestas recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial y escuchando a la ciudadanía, expertos y organismos internacionales mediante audiencias. Asimismo, considerando que en el ámbito legislativo existen actualmente propuestas en tramitación, se le solicitará al Consejo revisarlas, para proponer indicaciones inmediatas.

Plazos

Desde hoy, la Comisión dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas. Por su parte, el Gobierno dictará los instructivos administrativos en un plazo de 15 días, después de recibidas las propuestas. Para el envío de los proyectos de ley correspondientes, el plazo no será mayor a 40 días.

Respecto de los proyectos nuevos, las proposiciones del consejo deberán materializarse en un plazo no superior a 30 días.