Presidenta Bachelet: “Ésta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno”
En una ceremonia realizada en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, anunció esta tarde las medidas que impulsará su Gobierno para regular de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.
Al iniciar su discurso, la máxima autoridad del país reconoció que “los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un buen tiempo en el ámbito de los negocios o la política, así como en las relaciones entre ellos, han generado una fundada preocupación y malestar en la ciudadanía. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios”.
Y añadió que “hemos visto como algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto como algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales”.
La Presidenta puso énfasis en que “ésta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un país desarrollado”.
Asimismo, recordó que la vocación de su Programa de mi Gobierno es que todos tengamos igualdad de oportunidades, por ello apunta a construir un país donde no existan privilegios ni abusos. “Voy a cumplir ese compromiso. Vamos a poner freno a los privilegios y abusos, y no permitiremos que nada ni nadie obstaculice o desvíe la vocación de igualdad y el sentido ético que nos inspira”, recalcó.
La Mandataria puso énfasis en que “debemos hacer que estos casos no vuelvan a repetirse. Se trata de asegurar mediante instituciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir. Por eso, en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisión el trabajo de los tribunales en su plena autonomía para que sean aclarados y sancionados”.
Entre las principales medidas, anunció la constitución del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción. El grupo de trabajo estará encabezado por Eduardo Engel, junto a otras 15 personas de reconocida e intachable trayectoria pública y privada.
Su trabajo apuntará a perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico para que ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos; que los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero; que el abuso de poder no sea más una práctica y, especialmente, para que los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares.
También, definirá las sanciones a aquellos que han accedido a cargos de representación popular mediante prácticas ilegítimas y las inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de esos cargos -o del servicio público en general-, tanto a nivel central como en los gobiernos locales; y mecanismos accesibles y eficaces de defensoría a los ciudadanos contra los actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles.
Además, elaborará un estricto código de prácticas y criterios éticos, que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público, más allá de sus tipificaciones y sanciones legales, el cual se buscará que forme parte de los programas educacionales, especialmente en la educación superior. Esto, con el fin de desarrollar una cultura y una ética de la transparencia.
Desde hoy, la Comisión dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas. Por su parte, el Gobierno dictará los instructivos administrativos en un plazo de 15 días, después de recibidas las propuestas. Para el envío de los proyectos de ley correspondientes, el plazo no será mayor a 40 días.
La Presidenta señaló que “para crear un mejor marco para el futuro, debemos revisar y hacer más severa y actualizada la legislación existente y los proyectos en discusión. Y dotar a las instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sanciones”.
Agregó que encomendó a sus ministros avanzar en la elaboración de indicaciones y proyectos de ley en este ámbito; que enviará un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales; que se definirá con precisión y mayor rigor las inhabilidades e incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general; la actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y el establecimiento de un instructivo para su estricto cumplimiento.
Además, señaló que dio la instrucción para que a la brevedad se impartan las medidas administrativas y legales para que se extienda el ámbito de aplicación, se hagan más detalladas, periódicas y de por vida las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de los ex presidentes, partiendo por ella. “Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia”, acotó.
Al finalizar, la Jefa de Estado hizo un llamado a “reconstruir nuestras confianzas y dignificar la actividad política y empresarial que tanto contribuyen al desarrollo de Chile. No es el momento de los cálculos pequeños; esta es la hora del sentido patriótico. Pido el apoyo de todos y todas para avanzar en esta tarea que es indispensable para construir una convivencia que nos llene de orgullo”.
